Un 37,5% de la población urbana (unas 15,7 millones de personas) se encontraba en situación de pobreza multidimensional a fines de 2019, según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), al que accedió la agencia de noticias Télam, que entrecruza datos de ingresos monetarios con carencias de derechos.

Las cifras implican un crecimiento de seis puntos en el índice de pobreza multidimensional respecto de 2018, cuando se encontraba en 31,4%, y representa una suba de 8 puntos desde 2010, cuando estaba en 29,7%.

De todos modos, aunque la cifra conocida ahora es alta, es menor a la brindada por el organismo de la UCA en diciembre último correspondiente al último trimestre de 2019, que daba un índice de 40,8% de pobreza en la Argentina, pero estimado exclusivamente en los ingresos monetarios.

El informe, titulado "La pobreza más allá de los ingresos. Informe sobre pobreza multidimensional 2010-2019", presenta nuevos datos obtenidos a partir de una metodología de medición que registra la situación de los ingresos de los hogares así como las condiciones en que se encuentran frente a derechos tales como el acceso a la alimentación y la salud, servicios básicos, vivienda digna, medio ambiente, educación, empleo y seguridad social.

Agustín Salvia, el director del ODSA, explicó que en el informe "se analiza la evolución de las condiciones materiales de vida de la población urbana en la Argentina a partir de un enfoque multidimensional fundado en derechos".

El nuevo informe revela una tendencia dispar en la que, por una parte, se observan mejoras en el acceso a una vivienda digna y a un medio ambiente saludable pero, por otra parte, se manifiesta un deterioro marcado a partir de 2016, en las dimensiones alimentación y salud, y en el acceso al empleo y la seguridad social.

El déficit que se observa en alimentación y salud "se ubicaba en torno al 19% para el año 2015, pero a partir de 2016 las condiciones de privación comienzan a incrementarse hasta alcanzar al 26,6% de los hogares en 2019", según el informe.

"Esta evolución se explica desde 2016 por las dificultades para el acceso a medicamentos y a la atención médica, y desde 2018 por el incremento de la inseguridad alimentaria severa, en un contexto de fuertes incrementos de los precios de medicamentos y alimentos y descenso del consumo en términos generales", agrega.

En relación al acceso a los servicios básicos, los técnicos del ODSA observan una mejora importante a lo largo de todo el período, donde los hogares que presentan privación en esta dimensión pasan de representar el 38% en 2010 al 30% en 2019.

Esta dinámica se explica por el mayor acceso por parte de los hogares a los servicios de agua corriente, y particularmente del descenso de los hogares con déficit en el acceso a conexión a red cloacal.

Los hogares que tienen al menos una persona que no asiste a instituciones educativas se mantiene cercano al 30%. Algo parecido ocurre con el acceso al empleo pleno y la seguridad social: se observó un deterioro a partir de 2016, ya que el nivel de hogares que no perciben ingresos de empleo registrado ni de jubilaciones o pensiones contributivas pasó del 25 al 30%.

El documento destaca además que la pobreza estructural (deficiencias de infraestructura y de ingresos) asume una tendencia decreciente tras 2010, permaneciendo en niveles cercanos al 16% hasta 2015; y a partir de 2016 comienza una etapa en la que experimentó un incremento sostenido, al llegar al nivel más alto de la serie en 2019, alcanzando a un 21% de la población.

Según el informe, el 65% de los hogares presentaba en 2019 al menos una carencia de derechos básicos como alimentación, salud, educación, empleo o vivienda.