El Gobierno nacional ultimaba ayer por la mañana los detalles del proyecto de ley que enviará al Congreso Nacional para promover la estandarización de los escenarios epidemiológicos y facultar al Presidente y a los gobernadores a dictar "medidas de cuidado de la población" sin caer en la politización ni en judicialización de la pandemia.

El proyecto era revisado en las últimas horas por la jefatura de Gabinete y, a pesar de haber sido ideado antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de esta semana, se constituirá como el primer acto de gobierno concreto posterior a la sentencia que fue leída por la Casa Rosada como una "declaración de guerra".

El Ejecutivo propondrá una suerte de semáforo epidemiológico que fije los indicadores a partir de los cuales las distintas administraciones provinciales no sólo estarán facultados, sino también aconsejados, a aplicar distintas medidas como podría ser el paso de la educación presencial a la virtual, el tema que desató la judicialización de la pandemia.

El presidente Alberto Fernández leerá la última versión del proyecto de ley antes del iniciar su gira europea (ver página 24) y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, lo enviaría mañana lunes al Congreso Nacional, según aseguraron a Télam fuentes oficiales: el texto incluirá los argumentos esgrimidos en el último decreto de necesidad y urgencia y "agregará sustentación sanitaria y legal".

El propio Presidente adelanto el viernes último que estaba trabajando en el proyecto y explicó que estaba dedicando su tiempo a pulir el proyecto que se comprometió a impulsar "para que no sigamos teniendo los vaivenes a los que nos somete la Justicia con su peculiar modo de ver las cosas".

"Con el envío de un proyecto de ley al Congreso y su eventual sanción (con el respectivo consenso político), el campo de acción de la justicia queda absolutamente acotado", sostuvo un funcionario nacional.

Hasta última hora del viernes continuaban resonando en el seno del Gobierno los ecos del fallo de la Corte Suprema de Justicia en su posición de no acatar el DNU (ya extinguido) con el que el Presidente dispuso el cese de la presencialidad en las escuelas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por período de 15 días para buscar un aplanamiento de la curva de contagios de coronavirus.

Alberto apura la sanción de esta ley pero no estaría vigente antes del 21 de mayo cuando vence el DNU que impuso nuevas restricciones y suspendió las clases presenciales en zonas del alto riesgo de contagio. Respecto a si se analiza extender las medidas restrictivas, a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, evitó ayer adelantar una definición.