Buenos Aires, 29 de marzo .- El dictador Jorge Rafael Videla se negó hoy a prestar declaración indagatoria en el juicio que se le sigue por la apropiación de bebés nacidos cautiverio en centros clandestinos de detención durante la última dictadura. “Me siento condenado de antemano y no ofreceré hacer una defensa que, desde mi juicio, carece de sentido”.

Por medio de una videoconferencia desde el establecimiento penitenciario ubicado en Campo de Mayo, donde el represor permanece alojado cumpliendo prisión preventiva, Videla aseguró que esa supuesta persecución “comenzó con el prejuzgamiento del Decreto 158/83 dictado por el entonces presidente Raúl Alfonsín”.

De esa manera se refería a la norma por la cual Cámara Federal celebró el juicio oral y público a los comandantes de las tres primeras juntas militares que usurparon el poder el 24 de marzo de 1976 y en el que Videla fue condenado a “reclusión perpetua y destitución”.

El represor solicitó esta mañana autorización al Tribunal Oral en lo Federal Seis (TOF6) para efectuar “breves consideraciones” y fue allí cuando calificó a la existencia de un “plan sistemático” para el robo de bebés como “la falacia más grande contenida en este juicio”, tras lo cual “descargó de responsabilidad a sus subalternos” y se negó a contestar preguntas.

Con un poncho de vicuña sobre sus hombros y espalda, cubriéndole el brazo enyesado, y con voz clara y enérgica, el ex presidente del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” aseguró que “me hago un deber reiterar que asumo la plenitud de lo actuado en la guerra contra el terrorismo subversivo”.

En ese sentido insistió, tal como lo hace en cada declaración en todos los juicios que afronta, que “descargo de responsabilidad a todos mis subalternos que siguieron mis indicaciones y directivas a las que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas calificó de inobjetables”.

“Con el debido respeto que me merece el Tribunal debo señalar que carecen de jurisdicción y competencia para juzgarme” sostuvo Videla en una suerte de excepción que ni sus defensores se atrevieron a plantear ya que fue reiteradamente rechazada en todas las instancias judiciales.

Tal como intentó en la decena de procesos que tiene en trámite, siempre con resultado adverso inclusive en la Corte Suprema, el dictador afirmó que los únicos que pueden juzgarlo son sus pares del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y reiteró sus críticas al “prejuzgamiento” del Decreto 158/83 por el cual la Cámara Federal juzgó a los comandantes.

La misma negativa a declarar ante los jueces mostraron días atrás sus camaradas de armas Reynaldo Bignone, Jorge “el Tigre” Acosta, Santiago Omar Riveros, Rubén Franco, Antonio Vañek, Juan Azic, y el médico Jorge Magnacco, a quien se imputa su intervención profesional en los partos.

Al igual que Videla lo hizo hoy Acosta, en su oportunidad, también formuló consideraciones “políticas” y aseguró que “no hay 30 mil desaparecidos ni 500 bebes robados y esa mentira nos va a llevar a una nueva guerra civil de corte trotzkista”, al tiempo que sostuvo que “no puede atribuirse a las fuerzas armadas la tacha de la apropiación de menores. No hubo plan”.

En la última audiencia Bignone sostuvo que ‘por el momento no voy a declarar‘, cuando la camarista María del Carmen Roqueta, presidenta del Tribunal, le hizo saber que podía rehusarse a hacerlo “sin que ello fuese tomado como presunción en su contra”.

En esa misma jornada la magistrada leyó la resolución que suscribió junto a sus colegas Julio Luis Panelo y Domingo Luis Altieri mediante la cual el Tribunal rechazó todas las cuestiones preliminares interpuestas por las defensas de los represores con el objeto de suspender el juicio oral y público.

‘No hay agravios irreparables‘ para los imputados y el debate va a ‘poner fin a la situación de incertidumbre procesal de los imputados‘, explicó Roqueta quien sostuvo que el Tribunal consideraba que los actos cuestionados por los defensores habían sido ‘válidamente resueltos‘ por las diversas instancias.

La defensa de los dictadores Videla y Bignone había solicitado la suspensión del juicio oral y público por entender que existían cuestiones ‘pendientes de resolución‘, en un planteo al que adhirieron la defensa del ex jefe de inteligencia de la ESMA Jorge ‘el Tigre‘ Acosta y la asistencia técnica de los otros ex jerarcas militares sentados en los banquillos de los acusados.

En este proceso, que comenzó el 28 de febrero último, los ex jerarcas militares son juzgados por la apropiación de más de una treintena de bebés nacidos en ‘maternidades‘ clandestinas que existían en esos centros de detención y torturas.

El TOF6 lo preside la camarista Roqueta, en tanto Pablo García de la Torre fue designado como ‘juez sustituto‘ ante la imprevista ausencia de algunos de los magistrados que integran el tribunal y a los efectos de evitar que el juicio deba suspenderse; y la fiscalía está a cargo de la ‘Unidad Especial de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos” integrada por los fiscales Niklison; Félix Crous y Pablo Enrique Ouviña.