Lo que parecía transformarse en el gran culebrón político del verano empezó a perder fuerza en las últimas horas. Gustavo Arribas, director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), fue vinculado la semana pasada en una publicación del diario La Nación con el escándalo de corrupción en Brasil conocido como Lava-Jato. Sin embargo, fuentes del Juzgado Federal N° 6 -a cargo de Rodolfo Canicoba Corral- aseguraron a Infobae que con la documentación aportada en la denuncia presentada por la diputada Elisa Carrió no hay elementos que alcancen para incriminar al jefe de la inteligencia nativa.

 

No se trata de un funcionario cualquiera. Escribano de profesión y amigo del presidente Mauricio Macri, Arribas fue muy resistido por el kirchnerismo desde su nombramiento y así lo hicieron saber sus representantes cuando se trató el pliego para su nombramiento en el Senado de la Nación. En agosto de 2016, la Cámara Alta confirmó al director general de la AFI con 44 votos positivos, 3 en contra y 19 abstenciones -la mayoría del ala dura ultrak-.

 

Gustavo Arribas

 

La posibilidad de vincular a Arribas con el caso de corrupción brasileño parece cada vez más lejana. Así lo dejó en claro el juez Canicoba Corral, quien aseguró en declaraciones radiales que es imposible enmarcar la denuncia en un presunto caso de soborno. "Hay un dato irrefutable de la realidad que sustenta su posición -aseguran en el entorno del magistrado-. En 2013, cuando se realizó la transferencia de dinero señalada en la denuncia, Arribas no era funcionario público, de hecho ni siquiera residía en la Argentina".

 

Hay otros indicios relevantes que provocan que la acusación pierda fuerza. El fin de semana, el mismo diario La Nación que impulsó la investigación y mostró varias transferencias sospechosas en una cuenta bancaria de Arribas, informó que sólo uno de esos depósitos llegó realmente a manos del escribano, según surge de los registros oficiales del Credit Suisse.

 

El depósito fue realizado por Leonardo Meirelles, un operador cambiario condenado por la Justicia brasileña por el escándalo con la constructora Oderbrecht. Sin embargo, los últimos documentos analizados por los investigadores permitirían corroborar la defensa del funcionario: los USD 70.475 serían parte de una operación inmobiliaria y el intermediario -meirelles- fue elegido por el comprador.

 

"Para probar una coima se necesita además encontrar una contraprestación. Y en este caso no entendemos qué gestión y con qué funcionarios kirchneristas se reunió Arribas o a cambio de qué sería el pago", explicó la fuente consultada por Infobae. Si los acusadores no logran encontrar esa respuesta, la investigación judicial se encaminaría irremediablemente a su archivo.