La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) lanzó un drástico llamado de atención al Gobierno nacional al advertir que 120.000 puestos de trabajo en el campo están en riesgo inminente. El motivo radica en el vencimiento del régimen que permitía la compatibilidad entre el empleo rural registrado de temporada y el cobro de planes sociales, una medida clave para las economías regionales de todo el país.
Alerta en el campo: advierten que 120.000 empleos rurales están en riesgo por la caída de un decreto clave
Desde UATRE reclamaron al Gobierno nacional la prórroga de la norma que permite compatibilizar el trabajo temporario registrado con los planes sociales.
El beneficio estaba regulado por el Decreto 514/2021, cuya última prórroga venció el pasado 1 de septiembre sin que el Ejecutivo nacional dispusiera su continuidad. Ante la falta de respuesta oficial, desde el gremio denunciaron que la caída de la norma golpea directamente la contratación en blanco en plena preparación de las cosechas y campañas agrícolas.
Un pedido "urgente" sin respuesta oficial
Previendo el vencimiento de la normativa, la conducción nacional de UATRE, encabezada por su secretario general José Voytenco, había enviado una carta con carácter de "urgente" el pasado 18 de agosto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitando la extensión del régimen.
Sin embargo, desde el sindicato confirmaron que hasta el momento no obtuvieron respuesta ni señales de renovación. "Esta situación pone en riesgo inmediato a 120.000 puestos de trabajo rural en todo el país y, con ellos, a sus familias", advirtieron a través de un comunicado.
Freno a la formalización y temor en la cosecha
El régimen caído permitía que los peones y trabajadores temporarios pudieran registrarse en blanco para las cosechas sin perder automáticamente beneficios sociales esenciales para sus familias, como la Tarjeta Alimentar, Asignaciones Familiares o programas de contención social. Al mismo tiempo, otorgaba a los productores agropecuarios reducciones en las contribuciones patronales.
Desde el gremio explicaron que la discontinuidad de la medida genera un fuerte desincentivo al empleo registrado:
Pérdida de mano de obra: Muchos trabajadores prefieren no registrarse por temor a perder la red de asistencia social de la que dependen el resto del año.
Impacto en las economías regionales: Se dificulta la cobertura de cosechadores locales para producciones intensivas como la vitivinicultura, la olivicultura y la fruticultura.
Aumento de la informalidad: Desalienta el trabajo en blanco y complica la sostenibilidad de las próximas campañas agrícolas.
"La experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental. Permite que el trabajador acceda a un empleo registrado durante las campañas sin perder la red de contención de su grupo familiar", expresaron desde UATRE, al tiempo que tildaron de "negligencia" la falta de definición estatal sobre el impacto en la cadena productiva.
El decreto había sido promulgado originalmente en 2021 por el gobierno de Alberto Fernández por dos años, renovado en 2023 y posteriormente prorrogado por la gestión de Javier Milei en octubre de 2025 hasta septiembre de este año. La falta de una nueva firma mantiene en vilo tanto a los peones rurales como a los productores de todo el interior argentino.
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