Durante una reunión informativa en la Comisión de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados, presidida por Luis Basterra, representantes e investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) manifestaron su profunda preocupación ante el proyecto de Presupuesto 2027. Según denunciaron, el texto impulsado por el Ejecutivo propone eliminar la principal fuente de financiamiento que el organismo posee por ley.
Alertan por un recorte en el Presupuesto 2027 que pone en riesgo el financiamiento del INTA
En la Comisión de Economías Regionales de la Cámara de Diputados, representantes del organismo advirtieron que el proyecto busca derogar el porcentaje de importaciones que sostiene sus fondos.
El punto de mayor conflicto se centra en el artículo 21 de la iniciativa, el cual pretende derogar la alícuota del 0,45% sobre las importaciones destinada de forma específica al fondeo y funcionamiento del INTA.
Al respecto, Ricardo Garzia, presidente del Consejo del Centro de la Agricultura Familiar del instituto, remarcó el rol central de la entidad como sostén tecnológico para pequeños y medianos productores del país. "La ley de presupuesto no puede modificar la ley del INTA respecto del comercio exterior para su fondeo. El desfinanciamiento actual ya genera pérdidas económicas, sociales y ambientales en la Argentina", sostuvo.
Cierre de agencias y pérdida de personal
Por su parte, la investigadora Gabriela Volpi Lagrieca, en representación del gremio APINTA, alertó que la medida implica "eliminar permanentemente una fuente específica de financiamiento, reduciendo la previsibilidad presupuestaria".
Según los datos expuestos durante la comisión, entre 2023 y 2027 el organismo proyecta un deterioro institucional marcado por una caída del 50% en sus recursos, una pérdida del poder adquisitivo salarial cercana al 40% y un recorte adicional del 18% para el próximo ejercicio.
En materia operativa, señalaron que la planta de trabajadores se redujo un 27% —con la desvinculación de 1.300 profesionales y técnicos—, sumado al cierre de 50 agencias de extensión rural en distintos puntos del país y la clausura de la estación experimental agropecuaria del AMBA.
Promoción orgánica y emergencia hídrica
En el marco del encuentro, los legisladores y referentes del sector analizaron además proyectos de resolución para exigir que el Presupuesto 2027 contemple los fondos necesarios para aplicar la Ley 27.734 de promoción de la producción orgánica en economías regionales, al tiempo que solicitaron evaluar la declaración de la emergencia hidrometeorológica frente a la sequía y la crisis hídrica que afecta a diversas provincias.
Sobre el cierre del debate, Sebastián Campo, secretario de la Comisión de Bases Federadas, enfatizó la importancia del organismo para el trabajo cotidiano en el campo: "Necesitamos al INTA porque es defender un modelo de país. Para cuidar a nuestros pueblos y manipular agroquímicos de forma segura necesitamos información técnica de calidad, y esa información la da el INTA", concluyó.
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