El Ministerio de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego dictó este lunes la conciliación obligatoria por un plazo inicial de 15 días en el marco del grave conflicto desatado en las plantas del Grupo Mirgor en la ciudad de Río Grande. La decisión se efectivizó luego de que cerca de 300 trabajadores quedaran impedidos de ingresar a sus puestos de trabajo tras una serie de desvinculaciones.
Despidos en Mirgor: Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria por 15 días y convocó a audiencia
La cartera laboral provincial intervino de oficio luego de que unos 300 operarios se encontraran con impedimentos para ingresar a las plantas.
La medida oficial busca frenar la escalada de tensión generada en los establecimientos industriales y retrotrae el escenario al momento previo a las cesantías.
Una medida para preservar fuentes laborales en un contexto delicado
Desde la cartera laboral, remarcaron la necesidad urgente de abrir una instancia formal de diálogo institucional para encauzar el conflicto.
"Durante este período, los trabajadores deben continuar ingresando a sus puestos de trabajo y no deben producirse medidas que profundicen el conflicto. Por eso, fijamos una audiencia de manera inmediata para comenzar a trabajar", destacaron desde el organismo provincial.
En esa línea, el Gobierno fijó una audiencia formal con los representantes de la empresa y del sector sindical con el objetivo central de preservar los puestos de empleo frente al complejo escenario que atraviesa la actividad industrial en la provincia.
El origen del conflicto en las plantas fueguinas
La tensión escaló drásticamente en los últimos días a raíz de medidas de fuerza y paros con asambleas extraordinarias impulsadas en el ámbito fabril. Desde el sector empresario señalaron que las protestas respondieron a dinámicas de conflictividad gremial y remarcaron que las desvinculaciones no responden a una caída generalizada del consumo o achicamiento estructural de la compañía, sino a la situación operativa derivada de las interrupciones en la producción de electrónica y autopartes.
Con la apertura de la conciliación obligatoria, las partes deberán acatar la paz social dictada por la normativa vigente, habilitando un canal de negociación contra reloj para destrabar el futuro de los operarios afectados.