El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó este jueves al juez federal Gastón Salmain, acusado de haber ocultado un antecedente clave cuando concursó para acceder a la magistratura: en 2002 había sido cesanteado del Poder Judicial después de una investigación vinculada con un intento de soborno para alterar el sorteo de expedientes.
Destituyeron a un juez por ocultar en su CV que había sido echado del Poder Judicial
Gastón Salmain, hasta ahora titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario, fue removido por mal desempeño. Al perder sus fueros, ahora podría quedar bajo arresto domiciliario en una causa penal por presuntas coimas.
La remoción fue dispuesta por mal desempeño y tuvo el respaldo necesario dentro del tribunal. Salmain estaba al frente del Juzgado Federal N°1 de Rosario y había sido suspendido mientras avanzaba el jury. La destitución no implica una condena penal, pero sí genera una consecuencia inmediata: perdió la inmunidad de arresto que tenía por su condición de magistrado.
El antecedente que no apareció en su currículum
Uno de los puntos centrales del proceso estuvo relacionado con el pasado de Salmain dentro del propio Poder Judicial. En 2002, cuando se desempeñaba como empleado administrativo en el fuero de la Seguridad Social, la Corte Suprema dispuso su cesantía tras una investigación por un ofrecimiento de dinero para modificar el sistema de asignación de causas.
Años después, cuando se presentó al concurso que finalmente lo llevó a ocupar un juzgado federal, ese antecedente no fue informado en la documentación presentada. La acusación sostuvo que la omisión era relevante para evaluar su idoneidad y que, de haber sido consignada, podía haber condicionado su participación en el proceso de selección.
Durante el juicio político, la defensa argumentó que Salmain no estaba obligado a declarar una sanción ocurrida más de dos décadas antes porque la reglamentación exigía informar antecedentes correspondientes a los últimos diez años. El planteo no alcanzó para evitar su remoción.
Ahora podría quedar bajo arresto domiciliario
La destitución modifica además su situación en una causa penal paralela. Salmain está procesado por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el expediente conocido como caso Attila.
La investigación sostiene que habría existido un acuerdo para favorecer judicialmente a un fideicomiso y permitirle adquirir US$10 millones al tipo de cambio oficial durante el período de restricciones cambiarias. Según la hipótesis acusatoria, a cambio se habría pactado el pago de una presunta coima de US$200.000. Salmain negó las acusaciones.
En ese expediente, la Justicia ya había dictado su prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, pero la medida no podía ejecutarse mientras mantuviera los fueros correspondientes a su cargo. Con la destitución, esa protección desapareció y será ahora el juez de la causa penal quien deberá resolver cómo continúa la medida.
Una investigación por presuntas coimas
El caso Attila comenzó a comprometer seriamente la continuidad de Salmain durante 2025 y 2026. La investigación puso bajo análisis una medida cautelar dictada por el magistrado que permitió una operación cambiaria millonaria y la posterior transferencia de fondos al exterior.
El procesamiento fue revisado por instancias superiores y quedó confirmado por la Cámara Federal de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal. Sin embargo, la causa todavía no tiene una sentencia definitiva y Salmain mantiene su derecho a defenderse de las imputaciones penales.
El jury, en cambio, no tenía como objetivo determinar su culpabilidad penal, sino establecer si conservaba las condiciones necesarias para continuar como juez federal. Finalmente, el tribunal decidió removerlo.
Perdió el cargo y también sus fueros
La resolución pone fin a la carrera de Salmain como titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario y abre una nueva etapa judicial. Hasta ahora, su inmunidad había impedido ejecutar la prisión preventiva domiciliaria que pesaba sobre él.
Tras la destitución, la Justicia penal queda habilitada para avanzar con esa medida, aunque la decisión concreta deberá adoptarse dentro del expediente correspondiente.