El gobierno nacional comenzó a diseñar su estrategia de cara al Presupuesto 2027 con un objetivo polémico sobre la mesa: volver a intentar cambios estructurales en el financiamiento universitario y en las leyes de discapacidad. La intención de la Casa Rosada es licuar el impacto fiscal de ambas áreas antes del 15 de septiembre, fecha límite para enviar el proyecto al Congreso.
El Gobierno busca recortar fondos clave para universidades y discapacidad en 2027
El Gobierno evalúa cambiar por decreto el presupuesto para Universidades y Discapacidad. Además buscan tejer acuerdos clave con los gobernadores.
En los despachos oficiales admiten que la alternativa sigue firme. Buscan evitar el escenario de diciembre de 2025, cuando la oposición logró frenar las modificaciones en las partidas particulares del Presupuesto de este año.
Universidades en la mira y el frente judicial
La situación del sector educativo es la más compleja para el presidente Javier Milei. Recientemente, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario en lo que respecta a la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles.
Desde Nación argumentan que el fallo judicial representa solo un "costo parcial" y que la discusión definitiva por los recursos de las casas de altos estudios debe quedar saldada en la ley de leyes. Consideran que las normativas específicas generan un descalabro financiero por fuera de la planificación del Estado.
Mayores controles en Discapacidad
En cuanto al área de discapacidad, la mesa política oficialista apunta a reflotar la revisión de la Ley de Emergencia. El plan contempla avanzar con auditorías estrictas, reempadronamientos obligatorios y la baja de incompatibilidades en las pensiones no contributivas por invalidez.
Las prestaciones de la seguridad social y las transferencias a universidades son los principales focos donde el Ministerio de Economía quiere meter el bisturí para sostener el superávit financiero, que a mayo acumuló más de 2,6 billones de pesos.
La negociación con los gobernadores
Para garantizar el éxito de la ley y blindar el programa económico hasta marzo, la Casa Rosada inició una ronda de negociaciones con mandatarios provinciales aliados. El acuerdo macro que propone Balcarce 50 es ambicioso e incluye:
Aprobación del Presupuesto 2027 sin modificaciones sorpresa en el recinto.
Sanción de la reforma electoral (que incluye la eliminación o suspensión de las PASO).
Garantías de gobernabilidad recíproca con vistas al armado político del año electoral.
Si el Congreso insiste en obligar al Estado a financiar partidas sin especificar de dónde saldrán los recursos, el Ejecutivo ya advirtió que la respuesta será aplicar fuertes recortes compensatorios en otras áreas sensibles de la administración pública.