La muerte de Guillermo Alfredo Bellingi, exsubdirector general de la Procuración General de la Nación durante la conducción de Alejandra Gils Carbó, provocó conmoción en el ámbito judicial. El hombre, de 55 años, fue encontrado sin vida en la vía pública en Villa Elisa, La Plata, cuando faltaban alrededor de 20 días para que comenzara el juicio oral en el que estaba acusado por presuntas irregularidades en una millonaria operación inmobiliaria realizada en 2013.
Hallaron muerto a un exfuncionario "K" que iba a ser juzgado junto a Gils Carbó por corrupción
Guillermo Bellingi, exsubdirector de la Procuración durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, fue encontrado sin vida en Villa Elisa. En menos de tres semanas debía comenzar el juicio por la polémica compra de un edificio del organismo.
Bellingi había ocupado un puesto de relevancia en la Procuración bajo la gestión de Gils Carbó, quien asumió al frente del Ministerio Público Fiscal en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Su pliego había sido propuesto por el Poder Ejecutivo y luego aprobado por el Senado.
El cuerpo del exfuncionario fue hallado el martes en la zona de calle 8, entre 406 y 407, luego de que una persona que circulaba por el lugar alertara al 911. La investigación quedó en manos de la UFIJ N°6 de La Plata, con intervención del fiscal Pablo Barraza, bajo la carátula inicial de “averiguación de causales de muerte”.
Bellingi presentaba una herida en el tórax y en el lugar fueron encontradas sus pertenencias personales y un arma blanca. De acuerdo con las primeras pericias difundidas, una de las hipótesis analizadas es que se haya tratado de una lesión autoinfligida, aunque hasta el momento no existe una conclusión definitiva y la autopsia deberá establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento.
Por el momento, no se informó ninguna evidencia que vincule su muerte con el proceso judicial que debía afrontar.
El juicio que debía comenzar en menos de tres semanas
El momento en que ocurrió el hallazgo le dio una fuerte repercusión política y judicial al caso. Bellingi estaba próximo a sentarse en el banquillo junto a Alejandra Gils Carbó y otros acusados por la compra del edificio ubicado en Juan Domingo Perón 667, en la Ciudad de Buenos Aires, destinado a dependencias de la Procuración.
El inmueble fue adquirido en 2013 por 43.850.000 pesos. La investigación puso el foco en el procedimiento licitatorio utilizado para concretar la operación y en una serie de contratos y comisiones acordados alrededor de la venta.
Uno de los puntos centrales fue la participación de Juan Carlos Thill, medio hermano de Bellingi, quien intervino como asesor de la inmobiliaria involucrada y recibió una comisión cercana a los 3 millones de pesos. La Justicia investigó si Bellingi, desde su posición dentro de la Procuración, proporcionó información o intervino para favorecer la operación.
La Cámara Federal sostuvo en 2018 que no se había acreditado un perjuicio económico directo al Estado por el precio pagado por el inmueble, pero sí confirmó los procesamientos y modificó la calificación a negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública para Gils Carbó y Bellingi.
En aquella resolución, los camaristas consideraron que existían elementos suficientes para sostener que ambos funcionarios habían tenido una intervención incompatible con los intereses que debían proteger desde sus cargos. Para Bellingi, la acusación se concentró particularmente en su actuación dentro del proceso y en el beneficio económico obtenido por su hermano y otros privados.
El juez federal Julián Ercolini terminó elevando el expediente a juicio oral. El debate quedó radicado ante el Tribunal Oral Federal N°8, integrado por Gabriela López Iñiguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer, mientras que la acusación estará a cargo del fiscal Marcelo Colombo.
Había sufrido otro revés judicial este año
Bellingi también había protagonizado una decisión judicial relevante meses antes de su muerte. En abril de 2026, la Corte Suprema rechazó un recurso presentado contra su exoneración de la Procuración, dejando firme la decisión administrativa que había dispuesto su salida del organismo.
En aquel expediente se sostuvo que el entonces funcionario incumplió su deber de reserva y no informó a sus superiores sobre el vínculo familiar que mantenía con uno de los intermediarios que participó de la operación inmobiliaria.
Bellingi era además licenciado en Economía y docente de la Universidad Nacional de La Plata. Tras conocerse su fallecimiento, la Facultad de Ciencias Económicas de esa casa de estudios expresó públicamente su pesar.
Su muerte abre ahora una nueva situación procesal dentro de un expediente que llevaba años de trámite. El juicio continuará respecto del resto de los acusados, entre ellos Gils Carbó, pero la acción penal contra Bellingi se extingue con su fallecimiento.
Mientras tanto, en La Plata continúa una investigación independiente para determinar cómo murió. Hasta que se conozcan los resultados definitivos de las pericias, cualquier relación entre el fallecimiento y la causa de corrupción sería únicamente especulativa y no está respaldada por la investigación conocida hasta ahora.