El juicio por Hotesur-Los Sauces sumó este viernes una de sus jornadas más fuertes con la lectura de la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF). El organismo sostuvo ante el Tribunal Oral Federal 5 que Cristina Kirchner habría integrado y dirigido una estructura destinada a “sustraer y apoderarse ilegítimamente” de fondos públicos y posteriormente incorporarlos al patrimonio familiar con apariencia de origen lícito.
Hotesur-Los Sauces: la UIF acusó a Cristina Kirchner de dirigir una estructura para "apoderarse" de fondos públicos
El organismo antilavado expuso este viernes ante el Tribunal Oral Federal 5. Sostuvo que existió una asociación ilícita “estable y permanente” y detalló el supuesto circuito utilizado para hacer regresar dinero a la familia Kirchner.
La audiencia fue la cuarta desde el comienzo del debate oral y estuvo centrada en el requerimiento de elevación a juicio presentado por la UIF, que actúa como querellante. Cristina Kirchner y su hijo Máximo siguieron la jornada de manera remota, mientras que Osvaldo Sanfelice y Víctor Manzanares estuvieron presentes en Comodoro Py.
La acusación retomó como eje la inmobiliaria Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, y las relaciones comerciales mantenidas con compañías vinculadas a Lázaro Báez y al Grupo Indalo de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Según los requerimientos acusatorios incorporados al debate, esos grupos concentraron alrededor del 88% de la facturación de la firma entre 2009 y 2016.
La frase más fuerte de la UIF contra Cristina Kirchner
Durante la lectura, la UIF sostuvo que existió una “asociación ilícita de carácter estable y permanente”, organizada a partir de un acuerdo entre los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, integrantes de su entorno familiar, empresarios beneficiados con contratos estatales y personas de confianza.
Según la querella, esa estructura habría funcionado tanto dentro como fuera del Estado mediante una “división de roles definidos y estratégicos” y una ingeniería societaria, contable y jurídica destinada a “sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”. Se trata de la hipótesis que la UIF deberá probar durante el juicio.
La acusación atribuye a Cristina Kirchner el rol de jefa de la presunta asociación ilícita y a Máximo Kirchner el de organizador. Ambos también enfrentan cargos vinculados con lavado de activos. En el proceso aparecen además Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares y otros imputados. Todos conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
Los $25,9 millones que quedaron bajo la lupa
Uno de los números centrales del expediente corresponde a los $25.968.042,30 que Los Sauces facturó entre 2009 y 2016 a compañías vinculadas con Báez y el Grupo Indalo por alquileres de propiedades y otros negocios inmobiliarios. Según la acusación, buena parte de esas operaciones habrían sido simuladas, innecesarias para las empresas contratantes o pactadas por encima de valores de mercado.
Del total de la facturación analizada, aproximadamente un 65% provenía de compañías del Grupo Indalo y otro 23% de firmas vinculadas con Báez. La fiscalía sostuvo en audiencias anteriores que esos ingresos hicieron que el patrimonio neto de Los Sauces pasara de $100.000 a más de $12,1 millones, un incremento superior al 12.000% durante el período investigado.
Para los acusadores, el dinero proveniente de las empresas de Báez estaría relacionado con fondos obtenidos mediante la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz, mientras que en el caso de López y De Sousa la imputación habla de pagos vinculados con beneficios estatales, concesiones, licencias y ventajas impositivas. Las defensas tendrán la oportunidad de controvertir esa reconstrucción durante el debate.
Cómo habría funcionado el circuito del dinero
La UIF describió un supuesto mecanismo mediante el cual los empresarios obtenían beneficios estatales y posteriormente parte del dinero regresaba al entorno presidencial mediante préstamos, compra de propiedades, alquileres de inmuebles, contratación de hoteles y obras o mejoras realizadas sobre esos establecimientos.
Los acusadores sostienen que los contratos inmobiliarios funcionaban como respaldo formal para justificar el ingreso del dinero a Los Sauces. Una vez incorporado a la sociedad, los fondos habrían llegado posteriormente a integrantes de la familia mediante devoluciones de créditos, honorarios como directores, salarios y el pago de gastos particulares.
Dentro de esa reconstrucción también aparece el departamento ubicado en San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad. La propiedad fue adquirida por Los Sauces en 2015 por USD 370.000 y forma parte de las operaciones incorporadas al expediente.
Qué sigue ahora en el juicio
El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. La fiscalía está encabezada por Diego Velasco, mientras que la UIF interviene como querellante.
Las primeras audiencias están dedicadas a la lectura de los distintos requerimientos de elevación a juicio, es decir, las acusaciones que delimitan los hechos y delitos que serán discutidos durante el proceso.
Una vez finalizada esta etapa comenzarán las instancias en las que los acusados deberán presentarse y podrán declarar ante el tribunal. El debate continuará luego con la producción de prueba y la declaración de cientos de testigos antes de llegar a los alegatos y, finalmente, al veredicto.