El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces avanzó este lunes con su segunda audiencia y una extensa lectura de la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y otros imputados. Ante el Tribunal Oral Federal N°5, se repasó la hipótesis fiscal que sostiene que las empresas familiares habrían sido utilizadas para canalizar fondos provenientes de empresarios beneficiados por decisiones del Estado durante los gobiernos kirchneristas.
Hotesur-Los Sauces: las fuertes acusaciones contra Cristina y Máximo Kirchner en el segundo día del juicio
La Fiscalía profundizó este lunes su hipótesis sobre Los Sauces, la inmobiliaria de la familia Kirchner. El origen del dinero, el rol de Máximo y una firma que, según la acusación, prácticamente no tenía estructura propia estuvieron entre los puntos centrales de la jornada.
La audiencia estuvo centrada particularmente en el expediente Los Sauces, luego de que ambas causas fueran unificadas por orden de la Cámara Federal de Casación Penal. Cristina y Máximo siguieron la jornada de manera virtual, al igual que buena parte de los acusados, aunque el tribunal anticipó que deberán presentarse personalmente cuando llegue el momento de las declaraciones indagatorias.
La acusación puso el foco sobre el origen del dinero
Uno de los pasajes centrales de la jornada estuvo relacionado con los ingresos de Los Sauces. Según la fiscalía, el 65% de la facturación de la inmobiliaria provenía de empresas del Grupo Indalo y otro 23% del Grupo Báez. La acusación sostiene que parte de esos fondos tendría origen en beneficios estatales concedidos a empresarios vinculados comercialmente con la familia Kirchner.
En el caso de Lázaro Báez, los fiscales vinculan el dinero con las adjudicaciones de obra pública vial en Santa Cruz. Respecto de Cristóbal López y Fabián De Sousa, la hipótesis señala contratos, concesiones y beneficios impositivos otorgados a empresas de su grupo. Las defensas rechazan estas acusaciones y sostienen que las operaciones fueron negocios legales y declarados ante los organismos correspondientes.
La acusación también recordó que entre 2006 y 2008 compañías del Grupo Báez recibieron adjudicaciones de obra pública vial en Santa Cruz por más de 3.000 millones de pesos de la época, mientras la familia Kirchner desarrollaba negocios inmobiliarios y hoteleros con empresas del mismo conglomerado. Para los fiscales, ambos procesos estuvieron vinculados; esa relación deberá ser probada durante el debate oral.
Los Sauces, bajo la lupa por su estructura
Otro de los momentos más llamativos de la segunda audiencia apareció cuando se analizó el funcionamiento interno de Los Sauces S.A.. La fiscalía sostuvo que la sociedad no contaba con una sede real que pudiera identificarse como centro de operaciones y cuestionó los distintos domicilios informados por la compañía en Río Gallegos.
Según el requerimiento leído en la audiencia, la empresa declaró tres direcciones, pero la acusación afirma que en ninguna pudo comprobarse el funcionamiento de una estructura inmobiliaria. Dos correspondían a estudios contables y otra al domicilio personal de Máximo Kirchner. Para los fiscales, esa falta de infraestructura constituye uno de los elementos que respaldan su hipótesis sobre el verdadero funcionamiento de la firma.
La acusación también señaló que Los Sauces no tuvo empleados registrados hasta abril de 2010 y que posteriormente funcionó durante extensos períodos con apenas una persona. Entre los nombres mencionados apareció Ramón Ángel Díaz Díaz, jardinero de la familia Kirchner, quien había declarado que desconocía dónde estaba ubicada la administración de la empresa.
El rol que la Fiscalía atribuye a Máximo Kirchner
La lectura también profundizó sobre la participación que la acusación atribuye a Máximo Kirchner. Los fiscales sostienen que su intervención no se limitó a Los Sauces, sino que también fue accionista de Hotesur, participó en operaciones inmobiliarias de sus padres, firmó contratos vinculados con hoteles y realizó retiros de fondos de sociedades familiares.
El diputado es señalado en el expediente como uno de los organizadores de la presunta asociación ilícita. La acusación recordó además que en 2003 Néstor Kirchner y Cristina Kirchner le otorgaron un poder para administrar sus bienes, circunstancia que los fiscales consideran relevante para analizar su intervención posterior en diferentes operaciones comerciales.
También se mencionó durante la audiencia a Romina Mercado, sobrina de Néstor y Cristina Kirchner, quien presidió Los Sauces desde 2015 y previamente había ocupado la presidencia de Hotesur. Según el requerimiento fiscal, integrantes de la familia y personas de su confianza participaron en la administración de los bienes y contratos analizados en el expediente.
La frase más fuerte de la segunda audiencia
Uno de los tramos más duros de la acusación se produjo cuando se leyó que, para la fiscalía, Néstor Kirchner y Cristina Fernández “dirigían y controlaban la organización criminal” investigada. La hipótesis sostiene que el presunto mecanismo habría articulado decisiones tomadas desde el Estado con operaciones privadas posteriores destinadas a beneficiar económicamente al grupo familiar.
La acusación ubica a Cristina Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita y le atribuye además lavado de activos. En el caso de Máximo Kirchner, los fiscales lo señalan como organizador. Estas calificaciones forman parte de la acusación que está siendo sometida a juicio y todavía deberán ser discutidas por las defensas y evaluadas por el tribunal antes de una sentencia.
Qué se investiga en Hotesur y Los Sauces
Los dos expedientes investigan operaciones diferentes, aunque la fiscalía considera que formaban parte de un mismo esquema. Los Sauces se concentra principalmente en alquileres de inmuebles de la familia Kirchner a empresas vinculadas con Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Hotesur, en cambio, analiza el negocio hotelero, especialmente contratos y alquileres relacionados con establecimientos de la familia en Santa Cruz.
Según cálculos incorporados a las acusaciones, las maniobras investigadas en Los Sauces superaron los 30 millones de pesos a valores históricos de 2015, mientras en Hotesur se analizaron operaciones por aproximadamente 80 millones. La hipótesis fiscal considera ambos circuitos relacionados con fondos provenientes de empresarios que habían recibido obra pública u otros beneficios estatales.
El juicio involucra a 19 acusados y está a cargo de los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. Debido a la extensión de los requerimientos, el tribunal anticipó que solamente la etapa inicial de lectura de las acusaciones podría extenderse durante unos diez días hábiles. El debate completo podría prolongarse durante buena parte de 2027.