La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó para este viernes a las 9 a un acuerdo extraordinario para analizar un nuevo expediente vinculado con la Ley de Tierras Rurales. Los jueces deberán resolver un planteo que podría restablecer, de manera provisoria, las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros, derogadas por el Gobierno de Javier Milei mediante el DNU 70/2023.
La Corte Suprema vuelve a tratar la Ley de Tierras y podría restablecer límites a la compra de campos por extranjeros
El máximo tribunal convocó a un acuerdo extraordinario para analizar un pedido de medida cautelar que podría reactivar las restricciones derogadas por el DNU 70/2023. El expediente involucra a organizaciones ambientales y comunidades indígenas.
El máximo tribunal tiene a consideración un pedido de medida cautelar presentado en el marco de una acción colectiva impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie, junto con las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, entre otros demandantes. Los impulsores solicitaron que se aclare si el reciente fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras también tiene efectos sobre su expediente.
Para acelerar el tratamiento, los magistrados redujeron de 72 a 24 horas el plazo para que las partes pudieran impugnar la designación de los conjueces que intervendrán en el caso. Los elegidos fueron Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Ambos aceptaron el cargo.
El antecedente que reabrió la discusión
La nueva intervención judicial llega después de que, la semana pasada, la Corte Suprema revocara una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011.
En aquella resolución, el tribunal consideró que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata no tenía legitimación para promover esa demanda. La decisión fue de carácter procesal y no implicó un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de la derogación de la ley.
El fallo generó cuestionamientos de sectores de la oposición, que plantearon la posibilidad de impulsar en el Congreso una sesión especial para debatir el DNU en su conjunto. En medio de las repercusiones, la Corte aclaró que su resolución no afectaba otras medidas cautelares sobre la misma cuestión que se encontraban en trámite ante distintos tribunales.
El expediente que se analizará ahora presenta diferencias respecto del anterior. Las organizaciones y comunidades que impulsaron esta nueva presentación sostienen que sus planteos se apoyan en derechos colectivos vinculados con la protección ambiental y los territorios de los pueblos indígenas, por lo que solicitaron que se determine el alcance de la sentencia previa.
Qué puede resolver el máximo tribunal
La Corte tiene dos alternativas principales: devolver el expediente a la Justicia Federal para que continúe su trámite en las instancias correspondientes o intervenir directamente y resolver el pedido cautelar. Esta última opción sería excepcional y estaría vinculada con la urgencia del caso.
Si el pedido prospera, podrían volver a aplicarse provisoriamente las restricciones que establecía la Ley 26.737 para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La norma fijaba, entre otros límites, un máximo del 15% de las tierras rurales del país en manos extranjeras, además de restricciones por nacionalidad y por titular.
De esta manera, la resolución que adopte el máximo tribunal podría modificar nuevamente el escenario jurídico abierto tras la derogación de la ley. La decisión será clave para determinar cómo continúa la discusión judicial sobre el régimen de propiedad de tierras rurales en Argentina.