El plazo que el gobierno de Javier Milei le había dado al Reino Unido para que detenga las actividades del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas terminó este lunes sin cambios, y abrió una nueva etapa del reclamo. La Cancillería trabaja para presentar esta semana, ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (con sede en Hamburgo), un pedido de medidas provisionales que impida que la iniciativa siga adelante hasta que haya un fallo arbitral.
Malvinas: Argentina acudirá al Tribunal del Mar para frenar el proyecto petrolero Sea Lion
Con el ultimátum de dos semanas vencido, la Cancillería de Pablo Quirno prepara para estos días un pedido de medidas provisionales en Hamburgo, con el objetivo de paralizar el avance del emprendimiento en la Cuenca Malvinas Norte mientras se desarrolla el arbitraje internacional.
Según fuentes oficiales consultadas, la Cancillería lidera la estrategia diplomática y jurídica, mientras que la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, preparó en las últimas semanas el andamiaje legal. En la parte técnica interviene la Consejería Legal Internacional, que encabeza el embajador Mario Oyarzábal.
Aún falta cerrar las instrucciones a los abogados que llevarán el caso y definir si la representación será solo con letrados argentinos o también con asesores externos. La presentación está prevista para esta semana, pero no hay fecha oficial confirmada.
Qué pasó desde el 28 de septiembre
Ese día, Milei instruyó a la Cancillería a iniciar el procedimiento del Anexo VII de la CONVEMAR (Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar) y exigió a Londres frenar las actividades de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Desde entonces, el Reino Unido ratificó su rechazo y defendió las actividades autorizadas por las autoridades de las islas.
Es importante distinguir dos pasos: la notificación del arbitraje, que ya comunicó Quirno, y el pedido de medidas provisionales, que es lo que viene ahora. Además, presentarlo no suspende automáticamente el proyecto: será el Tribunal el que decida si dispone medidas y de qué alcance.
La expectativa inmediata es lograr una decisión que congele las nuevas actividades de desarrollo y explotación. El Gobierno aclara que no pretende que el Tribunal resuelva la soberanía de las islas, algo que excede su jurisdicción, sino que analice las obligaciones internacionales sobre los recursos marítimos y preserve la situación actual hasta el laudo final.
El Anexo VII prevé un tribunal arbitral de cinco miembros, cuya conformación y trámite pueden demorar años. Para evitar esa espera, el artículo 290.5 permite recurrir al Tribunal del Mar antes de que el órgano arbitral esté constituido, siempre que se cumplan ciertas condiciones: que el futuro tribunal tenga competencia preliminar y que exista urgencia.
Los jueces pueden aceptar el pedido, rechazarlo u ordenar medidas distintas. Si las disponen, son obligatorias para las partes (artículo 290.6), aunque luego el tribunal arbitral podrá mantenerlas, modificarlas o levantarlas. Hay además una cuestión de plazos: el artículo 290.5 contempla dos semanas desde la notificación del pedido cuando las partes no se ponen de acuerdo sobre qué tribunal interviene, y cómo se cuenta ese lapso dependerá del contenido de las notificaciones diplomáticas. Es decir, el vencimiento del ultimátum no habilita automáticamente la vía judicial.
Si el pedido se formaliza en octubre, podría haber una definición en noviembre, aunque no existe fecha predeterminada ni garantía de éxito.
Los antecedentes
El más relevante para la Argentina es el de la Fragata ARA Libertad. En 2012, con el buque retenido en Ghana, el país inició un arbitraje y fue al Tribunal del Mar: el pedido ingresó el 14 de noviembre y el 15 de diciembre los jueces ordenaron la liberación inmediata e incondicional de la nave, antes de cualquier decisión de fondo.
Otro caso es el de Ghana y Costa de Marfil (2015): el Tribunal no frenó las actividades ya existentes, pero prohibió nuevas perforaciones en el área en disputa. La comparación tiene límites, porque aquella era una controversia de delimitación marítima y no de soberanía sobre un archipiélago.
El proyecto Sea Lion
La urgencia que invoca Buenos Aires se apoya en el avance concreto de la obra. La explotación comercial aún no empezó, pero ya superó la etapa exploratoria. La israelí Navitas Petroleum, operadora, controla el 65%, y la británica Rockhopper Exploration, que descubrió el yacimiento en 2010, tiene el 35%. Ambas tomaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y apuntan a empezar a producir en el primer trimestre de 2028.
El desarrollo está a unos 220 kilómetros al norte de las islas y contempla una primera fase de once pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción (FPSO). Las perforaciones están proyectadas para 2027. Además, la semana pasada Rockhopper informó una inversión de USD 44 millones vinculada al buque FPSO OSX-1, señal de que las empresas siguen comprometiendo recursos pese a las objeciones argentinas.