En un paso decisivo para el litigio diplomático y judicial por la soberanía en el Atlántico Sur, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS, por sus siglas en inglés) fijó para el 10 y 11 de noviembre de este año las audiencias orales del caso iniciado por la República Argentina contra el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas.
Malvinas: Argentina y Gran Bretaña van a audiencias decisivas por el petróleo de Malvinas
Las audiencias orales en Hamburgo se realizarán el 10 y 11 de noviembre de 2026. La Cancillería busca una medida cautelar urgente para paralizar el proyecto "Sea Lion".
A través de una resolución firmada por el presidente de la entidad con sede en Hamburgo, el juez Maurice Kamga, el tribunal internacional formalizó las fechas en las que resolverá si aplica medidas cautelares urgentes para frenar el megaproyecto "Sea Lion", ubicado en la cuenca norte del archipiélago.
Las audiencias tendrán lugar en la sala principal del organismo en Alemania, serán de carácter público y se transmitirán en directo a todo el mundo a través de la plataforma web oficial de la entidad.
Las claves de la cautelar: los pedidos concretos de Argentina
Durante las dos jornadas de exposiciones, el cuerpo de jueces del ITLOS deberá evaluar tres aspectos jurídicos centrales: si posee jurisdicción prima facie, si la urgencia del caso justifica la intervención cautelar y si las medidas solicitadas por la delegación nacional son proporcionales al riesgo ambiental y territorial.
En la presentación formal, la diplomacia argentina solicitó expresamente que se ordene al Reino Unido:
Frenar de inmediato el inicio o la continuidad de cualquier tarea de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona en disputa.
Abstenerse de utilizar información técnica y geológica obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos soberanos argentinos.
Cesar en la obstrucción del cumplimiento de las obligaciones internacionales de protección ambiental en la cuenca marina.
No otorgar nuevas autorizaciones o licencias comerciales que puedan agravar o extender el conflicto entre ambas naciones.
La trastienda de una escalada diplomática y judicial
La fijación de las audiencias se conoce una semana después de que el gobierno nacional presentara formalmente la solicitud de medidas provisionales el pasado 13 de octubre.
El procedimiento —registrado bajo el Caso N° 37 en los libros del tribunal— comenzó el 28 de septiembre, cuando el presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería a iniciar un proceso arbitral en el marco del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y notificó por vía diplomática al gobierno británico en Londres. En ese aviso, Argentina otorgó un plazo de dos semanas para paralizar los trabajos en la zona bajo apercibimiento de recurrir a la justicia internacional.
El plazo venció el 12 de octubre sin cambios en la postura del Reino Unido, que un día antes había rechazado los reclamos argentinos mediante una nota diplomática. Ante esa respuesta, el canciller Pablo Quirno formalizó el pedido ante el ITLOS invocando el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, herramienta que habilita requerir medidas precautorias de urgencia antes de la constitución definitiva del tribunal arbitral.
La demanda de 49 páginas lleva la firma del embajador Mario Oyarzábal, designado agente representante ante el tribunal, en un trabajo articulado en conjunto con el Palacio San Martín y la Secretaría Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal.
El megaproyecto "Sea Lion": perforación a 198 kilómetros de las islas
El yacimiento petrolífero que motivó el reclamo se sitúa a 107 millas náuticas (aproximadamente 198 kilómetros) al norte de las Islas Malvinas. El área abarca una superficie de 541,40 kilómetros cuadrados bajo la denominación de licencia PL032.
Actualmente, las operaciones están encabezadas por un consorcio privado integrado por:
Navitas Petroleum (firma de origen israelí que controla el 65% del proyecto).
Rockhopper Exploration (compañía de origen británico que posee el 35% restante).
Ambas firmas privadas tomaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y fijaron la meta de iniciar la extracción comercial de crudo durante el primer trimestre de 2028, un calendario que Argentina busca congelar por vía judicial ante los tribunales de Hamburgo.