El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) fijó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias públicas por el pedido de medidas provisionales presentado por Argentina contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. El proceso está vinculado con el proyecto petrolero Sea Lion y constituye uno de los pasos más importantes de la estrategia jurídica que el Gobierno argentino puso en marcha durante las últimas semanas.
Malvinas: el Tribunal del Mar fijó audiencias por el reclamo argentino contra la explotación petrolera
Las presentaciones serán el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo. Argentina busca frenar de manera provisoria el proyecto Sea Lion mientras avanza el arbitraje contra el Reino Unido.
La decisión fue formalizada este martes por el tribunal con sede en Hamburgo, Alemania. Las audiencias serán públicas y estarán centradas específicamente en determinar si corresponde adoptar medidas urgentes mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá analizar el fondo de la controversia planteada por Argentina bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Argentina acudió al ITLOS el 13 de octubre, después de que venciera el plazo dado al Reino Unido para detener las actividades vinculadas con Sea Lion. El Gobierno había iniciado el procedimiento arbitral el 28 de septiembre y sostiene que las tareas autorizadas unilateralmente en la zona afectan derechos argentinos y pueden agravar una controversia de soberanía reconocida por Naciones Unidas.
Qué reclama Argentina ante el Tribunal del Mar
La presentación busca que el tribunal dicte medidas provisionales que impidan el inicio o la continuidad de la explotación petrolera mientras se resuelve el proceso principal. Entre los pedidos figura que el Reino Unido no otorgue nuevos permisos ni adopte decisiones que puedan profundizar la controversia, además de planteos vinculados con la protección ambiental de la zona.
El Gobierno argentino fundamentó su pedido en el artículo 290, inciso 5, de la Convención del Mar, que permite solicitar medidas urgentes cuando todavía no se constituyó el tribunal arbitral definitivo y existe riesgo de afectación de derechos o de daño grave al medio marino.
El ITLOS no deberá resolver en esta instancia la soberanía sobre las Islas Malvinas. El análisis estará concentrado en establecer si tiene jurisdicción preliminar para intervenir, si existe urgencia suficiente y si las medidas solicitadas por Argentina resultan justificadas y proporcionales.
El proyecto Sea Lion en el centro de la disputa
Sea Lion es un proyecto de explotación petrolera ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 198 kilómetros al norte de las islas. La operación está encabezada por Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, que posee el 35% restante. La planificación contempla iniciar la producción durante el primer trimestre de 2028, mientras que los primeros trabajos de perforación están proyectados para comienzos de 2027.
De acuerdo con la documentación incorporada por Argentina al expediente, el desarrollo contempla 23 pozos terminados distribuidos en seis centros de producción y una infraestructura offshore destinada a extracción, almacenamiento y despacho de petróleo. Buenos Aires sostiene que esas actividades fueron autorizadas sin su consentimiento y que podrían generar consecuencias ambientales que excedan el área directamente involucrada.
Precisamente, el argumento ambiental ocupa un lugar central en la estrategia argentina. El planteo busca que el Tribunal pueda analizar obligaciones vinculadas con la protección del medio marino sin necesidad de pronunciarse sobre la cuestión de soberanía, que constituye una controversia diferente y de mayor alcance jurídico y diplomático.
La posición del Reino Unido
El Reino Unido rechaza el planteo argentino y mantiene que las autoridades de las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales. En las últimas semanas, Londres también anunció medidas destinadas a proteger a las empresas vinculadas con actividades económicas en Malvinas frente a sanciones o acciones impulsadas desde Argentina.
El Gobierno británico sostiene que la explotación de hidrocarburos forma parte del derecho de los habitantes de las islas a determinar su desarrollo económico. Argentina, en cambio, considera que cualquier explotación unilateral de recursos naturales en el área en disputa contradice las resoluciones de Naciones Unidas que llaman a ambas partes a abstenerse de introducir modificaciones mientras no exista una solución a la controversia.
Qué pasará el 10 y 11 de noviembre
Durante las dos jornadas, Argentina y Reino Unido expondrán sus argumentos ante los jueces del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Las audiencias podrán seguirse públicamente y serán transmitidas por el propio organismo desde Hamburgo.
Después de escuchar a las partes, el Tribunal deberá resolver si dicta las medidas provisionales solicitadas. Si lo hace, la decisión tendrá carácter obligatorio mientras se constituye el tribunal arbitral del Anexo VII, que posteriormente podrá mantener, modificar o dejar sin efecto esas medidas.
La discusión judicial se suma así a una escalada de acciones diplomáticas y legales alrededor de Sea Lion, mientras Argentina busca frenar el avance de la explotación petrolera y Reino Unido sostiene que continuará respaldando el desarrollo económico de las islas.