La tensión entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sumó este martes un nuevo capítulo. El gobierno británico anunció que avanzará con un esquema legal para proteger a empresas e individuos que desarrollan actividades económicas en las islas frente a las medidas impulsadas por Buenos Aires.
Malvinas: Gran Bretaña blindará a las empresas que operan en las islas ante las sanciones argentinas
La decisión llegó el mismo día en que Argentina llevó el conflicto por Sea Lion al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Londres anunció medidas para proteger a empresas británicas de las sanciones argentinas vinculadas con Malvinas.
La decisión llega en medio de una escalada por la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y, particularmente, por el proyecto Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Este mismo martes, la Argentina recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para pedir medidas provisionales que frenen esas actividades.
Qué medidas anunció Gran Bretaña
El Ejecutivo británico informó que utilizará herramientas previstas en la legislación de Protection of Trading Interests (PTI) para evitar que empresas o ciudadanos del Reino Unido sean obligados a cumplir determinadas medidas argentinas que Londres considera de aplicación extraterritorial.
Según el comunicado oficial, la intención es que las compañías puedan seguir tomando decisiones comerciales conforme a la legislación británica aunque enfrenten sanciones o restricciones dispuestas por la Argentina por sus actividades vinculadas con las Malvinas.
El Gobierno británico aclaró que la medida no busca impedir el comercio legal con la Argentina, sino proteger específicamente a quienes realicen actividades económicas que Londres considera legales en las islas. La reglamentación secundaria será presentada con la intención de que entre en vigencia antes de fin de año.
Malvinas: Argentina acudirá al Tribunal del Mar para frenar el proyecto petrolero Sea Lion
La respuesta llegó el mismo día del reclamo argentino
La decisión británica se conoció horas después de que el Gobierno argentino formalizara una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar la explotación hidrocarburífera del proyecto Sea Lion.
La Cancillería argentina pidió que el Reino Unido impida el inicio o la continuidad de la explotación, se abstenga de otorgar nuevos permisos y preserve los derechos que la Argentina reivindica sobre su plataforma continental.
La presentación se enmarca en un procedimiento arbitral iniciado por la Argentina bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El Gobierno sostiene que las actividades británicas son unilaterales y afectan derechos soberanos argentinos sobre las áreas marítimas en disputa.
Una disputa cada vez más centrada en el petróleo
La tensión había aumentado durante septiembre, cuando el Gobierno de Javier Milei avanzó con sanciones y nuevas herramientas legales contra empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina. También presentó un proyecto para endurecer las penas y extenderlas a proveedores y compañías vinculadas.
Desde Londres rechazan esa interpretación. El gobierno británico sostiene que las actividades autorizadas por la administración de las islas son legales y que la Argentina no tiene jurisdicción para sancionar compañías por operaciones realizadas allí.
El secretario británico de Negocios y Comercio, Jonathan Reynolds, afirmó que el Reino Unido actuará cuando considere que Argentina intenta obstaculizar actividades comerciales legítimas. El canciller británico, Ed Miliband, ratificó además el respaldo de Londres al desarrollo económico y a la explotación de recursos naturales decidida por los habitantes de las islas.
El proyecto Sea Lion aparece en el centro de la disputa. Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration mantienen sus planes de desarrollo y sostienen que cuentan con licencias válidas otorgadas por las autoridades de las islas, mientras la Argentina busca que la explotación sea detenida mediante vías judiciales y diplomáticas.