El Gobierno de Javier Milei puso fin este viernes a una disputa de más de medio siglo por las regalías del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. Mediante el Decreto 982/2026, publicado en el Boletín Oficial, estableció que desde ahora Mendoza cobrará el 100% de los recursos generados por el complejo, mientras que La Pampa dejará de percibir la mitad que recibía desde 1973.
Milei terminó con 53 años de reparto y Mendoza se quedó con el 100% de las regalías de Los Nihuiles
El Gobierno dejó sin efecto el esquema que dividía los recursos con La Pampa desde 1973. La decisión ya abrió un nuevo frente político y judicial.
La decisión cambia por completo un esquema vigente durante 53 años. Hasta este jueves, el 12% previsto por la legislación como regalía hidroeléctrica se distribuía en partes iguales entre las dos provincias, es decir, 6 puntos para Mendoza y otros 6 para La Pampa. A partir de la entrada en vigencia del decreto, la totalidad corresponderá a Mendoza.
Por qué Nación decidió darle todo a Mendoza
El argumento central del Gobierno nacional es que la fuente hidroeléctrica efectivamente utilizada para generar la energía se encuentra íntegramente en territorio mendocino. La Procuración del Tesoro sostuvo que el derecho a cobrar regalías no depende únicamente de que un río atraviese más de una provincia, sino de dónde se encuentra localizado el aprovechamiento hidroeléctrico que genera la energía.
En el caso de Los Nihuiles, Nación determinó que tanto las obras de regulación y conducción como las instalaciones de generación y el tramo del río Atuel directamente afectado por el sistema están dentro de Mendoza. Con ese criterio, el Ejecutivo decidió dejar sin efecto el Decreto 1560 de 1973 y aplicar el régimen general establecido por la Ley 15.336.
El complejo comprende los diques El Nihuil y Valle Grande, las presas Aisol y Tierras Blancas y las centrales hidroeléctricas Nihuil I, II, III y IV, además de estaciones transformadoras y líneas de alta tensión. Su producción abastece especialmente al sur mendocino y también se incorpora al Sistema Argentino de Interconexión.
Una pelea que empezó en 1973
El origen del conflicto se remonta al Decreto 1560/73, que determinó que las regalías del entonces Complejo Hidroeléctrico El Nihuil fueran repartidas por mitades entre Mendoza y La Pampa. Mendoza cuestionó aquella decisión desde el comienzo bajo el argumento de que las obras de generación estaban emplazadas dentro de su territorio.
La disputa se hizo todavía más compleja en 1987, cuando la Corte Suprema declaró que el río Atuel es interjurisdiccional. Cinco años después, Nación, Mendoza y La Pampa firmaron un acuerdo que reconocía el pago de regalías a la provincia pampeana bajo el esquema vigente, aunque dejaba abierta la posibilidad de que futuras normas o fallos judiciales modificaran ese reparto.
Décadas más tarde, Mendoza volvió a reclamar la totalidad de los fondos. El conflicto llegó incluso a la Corte Suprema mediante una causa iniciada en 2022 contra el Estado nacional, expediente que continúa abierto pese a la decisión adoptada ahora por Milei. De hecho, esta semana el máximo tribunal había citado formalmente a La Pampa para que participara del proceso.
Cornejo celebró y Mendoza irá ahora por US$680 millones
El gobernador mendocino Alfredo Cornejo celebró inmediatamente la decisión y aseguró que su provincia “recupera lo que legítimamente le pertenece”. Para su administración, el nuevo criterio pone fin a un esquema que consideró injusto durante más de cinco décadas y permitirá incrementar los recursos destinados a infraestructura.
Pero Mendoza no dará por terminada la disputa. El Gobierno provincial confirmó que mantendrá su demanda ante la Corte Suprema por las regalías que considera que dejó de cobrar durante el período en que debía compartirlas con La Pampa. La estimación oficial de ese reclamo ronda los US$680 millones.
El planteo es que, aunque desde ahora perciba el 100%, todavía queda pendiente determinar si puede reclamar retroactivamente la mitad que durante décadas fue transferida a la provincia pampeana. Esa discusión deberá resolverse judicialmente y no quedó zanjada por el decreto presidencial.
La Pampa rechazó la medida y prepara otra batalla judicial
Del otro lado, la reacción fue inmediata. El gobernador pampeano Sergio Ziliotto cuestionó duramente la resolución nacional y anticipó una nueva ofensiva judicial para defender los recursos que su provincia percibía desde 1973.
Ziliotto vinculó el conflicto por las regalías con la histórica disputa por el río Atuel y acusó a Mendoza y al Gobierno nacional de perjudicar a La Pampa. La provincia podría llevar nuevamente la controversia a los tribunales, especialmente porque el acuerdo interjurisdiccional de 1992 había sido aprobado por ambas legislaturas y homologado por la Corte Suprema.
El propio Decreto 982 presenta una particularidad: rechaza formalmente el viejo recurso administrativo presentado por Mendoza contra la norma de 1973 porque considera que aquel decreto era legal cuando fue dictado, pero al mismo tiempo decide dejarlo sin efecto hacia adelante y establece un nuevo criterio para las regalías futuras.
La decisión llega en plena licitación de Los Nihuiles
El cambio tampoco ocurre en un momento cualquiera. En julio, Nación y Mendoza convocaron a una licitación pública nacional e internacional para otorgar una nueva concesión del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, después del vencimiento de los contratos anteriores. También se prevé la venta del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina SA.
El Gobierno nacional explicó precisamente que necesitaba definir el régimen de regalías antes de avanzar con la nueva concesión para brindar certeza jurídica a los futuros operadores. Por eso, el nuevo decreto establece desde el comienzo que quien explote el sistema deberá liquidar la totalidad de la regalía hidroeléctrica a Mendoza.
Así, un conflicto que lleva más de medio siglo acaba de cambiar de escenario: Mendoza duplicará hacia adelante su participación en las regalías de Los Nihuiles, La Pampa perderá el 50% que recibía y las dos provincias mantienen abiertos reclamos judiciales que podrían extender la pelea mucho más allá del decreto firmado por Milei.