El Gobierno de Javier Milei profundizó su ofensiva contra las empresas que participan de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y comenzó a avanzar con sanciones contra compañías y personas vinculadas a esas actividades.
Petróleo en Malvinas: quiénes son las empresas que quedaron en la mira del Gobierno de Milei
Ejecutivos con décadas de trayectoria en energía, minería y finanzas quedaron alcanzados por la ofensiva oficial contra firmas vinculadas con la explotación hidrocarburífera en las islas.
La medida se da en medio de la escalada diplomática con el Reino Unido y del avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa es considerada estratégica por las autoridades de las islas y tiene como principales protagonistas a la petrolera israelí Navitas Petroleum y a la británica Rockhopper Exploration.
Según informó el Gobierno argentino, el proceso sancionatorio alcanza a 45 empresas e individuos relacionados con actividades hidrocarburíferas en el archipiélago. Además, se anunció que la Argentina presentará una denuncia penal contra Navitas, varias de sus subsidiarias, la canadiense JHI Associates Inc. y su accionista Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Navitas Petroleum, la principal protagonista
Uno de los nombres centrales de la disputa es Navitas Petroleum, compañía israelí que opera el proyecto Sea Lion y posee el 65% de participación en el emprendimiento. El restante 35% pertenece a Rockhopper Exploration, una empresa británica que cotiza en Londres.
Sea Lion es uno de los proyectos petroleros más importantes que avanzan en el área de las islas. La inversión prevista ronda los US$2.200 millones y la iniciativa apunta a comenzar la producción hacia 2028, con reservas estimadas en alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo.
Desde las empresas sostienen que las licencias fueron otorgadas legalmente por las autoridades de las islas y cuentan con el respaldo del Reino Unido. Argentina, en cambio, considera que esas autorizaciones son ilegales porque se realizan sobre un territorio cuya soberanía reclama el país.
Rockhopper y otros actores
Rockhopper Exploration es el otro gran socio del proyecto Sea Lion. La compañía británica tiene una larga trayectoria en las exploraciones petroleras alrededor de las Malvinas y actualmente mantiene una participación del 35% en el proyecto.
A estos nombres se suman JHI Associates Inc., con sede en Canadá, y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., vinculada a proyectos de exploración en la Cuenca Malvinas Norte.
El Gobierno argentino sostiene que estas compañías desarrollan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en un área que forma parte de la plataforma continental argentina y que no cuentan con autorización de las autoridades nacionales.
La advertencia para las empresas petroleras
La estrategia de Milei no se limita a las compañías directamente involucradas en Sea Lion. El Gobierno también busca impedir que empresas que tengan negocios en Argentina participen simultáneamente de proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas.
La advertencia cobra especial relevancia por el peso que tiene Vaca Muerta dentro del sector energético argentino. El Gobierno busca que las empresas internacionales tengan que optar entre participar de proyectos en las islas o continuar haciendo negocios en el país.
De hecho, algunas de las principales compañías internacionales de servicios petroleros, como SLB, Halliburton y Baker Hughes, ya anunciaron que no participarán de actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.
Un conflicto que vuelve a escalar
La ofensiva contra las petroleras forma parte de un paquete de medidas anunciado por Milei para reforzar el reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas.
El Presidente anunció el endurecimiento de las sanciones previstas en la Ley 26.659 y anticipó nuevas acciones para impedir que empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas puedan operar libremente en la Argentina.
El avance sobre el proyecto Sea Lion agrega así un nuevo capítulo a la disputa con el Reino Unido y pone en el centro del conflicto los recursos energéticos existentes en el Atlántico Sur.
Fuente: Infobae.