La causa que investiga el acuerdo por US$57.100 millones entre la Argentina y el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri volvió a quedar en manos de la Justicia. El fiscal general ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para cuestionar el archivo de la investigación.
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Piden reabrir la causa por el préstamo de 57.100 millones de dólares que Macri acordó con el FMI
El fiscal José Luis Agüero Iturbe apeló ante Casación el archivo de la investigación y sostuvo que todavía quedan medidas de prueba pendientes sobre el destino de los fondos y posibles beneficiarios privados.
El planteo apunta contra la resolución del 4 de septiembre, cuando la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, confirmó el archivo que había dispuesto previamente la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Para el fiscal, el expediente fue cerrado antes de completar medidas de prueba que podían aportar información relevante.
Agüero Iturbe calificó el cierre como “prematuro” y “arbitrario” y sostuvo que, mientras existan diligencias pendientes impulsadas por el Ministerio Público, no corresponde clausurar la investigación sin avanzar primero con esas medidas.
Qué cuestiona el fiscal
Uno de los principales puntos del recurso está relacionado con la necesidad de reconstruir el recorrido de los fondos del préstamo una vez que las divisas ingresaron al circuito financiero argentino. La Fiscalía sostiene que todavía deben realizarse medidas para establecer qué ocurrió con esos recursos y si existieron vínculos entre funcionarios y eventuales beneficiarios privados.
El fiscal también cuestionó el argumento de los camaristas respecto de que la Fiscalía no había precisado qué medidas concretas permitirían acreditar los delitos investigados. En su planteo, sostuvo que primero deben determinarse los hechos y sus circunstancias y luego establecer si esos hechos encuadran en una figura penal.
En ese sentido, Agüero Iturbe remarcó que la investigación no podía cerrarse simplemente porque todavía no estuviera definida una calificación jurídica definitiva.
Otro de los argumentos del recurso apunta al tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación. El fiscal sostuvo que el paso de los años no constituye por sí solo un motivo suficiente para cerrar el expediente, siempre que no exista prescripción de la acción penal ni una afectación concreta del plazo razonable.
Qué había resuelto la Cámara Federal
La investigación se inició en 2019 a partir de una denuncia por presuntas irregularidades relacionadas con la negociación, aprobación y ejecución del acuerdo firmado con el FMI en 2018. Entre los denunciados estuvieron Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, además de Guido Sandleris.
El acuerdo había sido establecido inicialmente por un monto cercano a US$50.000 millones y posteriormente ampliado hasta alcanzar los US$57.100 millones. La pesquisa buscaba determinar si durante su negociación y ejecución se habían cometido delitos.
En febrero de 2026, la jueza Capuchetti dispuso el archivo al considerar que los hechos denunciados no permitían acreditar los delitos investigados. La decisión fue apelada y posteriormente analizada por la Cámara Federal, que confirmó el cierre el 4 de septiembre.
Los camaristas consideraron que el acuerdo se vinculaba con una decisión de política económica y que, tras más de cinco años de investigación, no se había logrado acreditar una conducta penalmente relevante. También señalaron que existen materias propias de otros poderes del Estado que escapan al control judicial.
La resolución tomó en cuenta, además, la documentación incorporada durante la investigación, incluidos informes de la Auditoría General de la Nación, la SIGEN y el Banco Central, expedientes administrativos y testimonios.
Ahora deberá intervenir Casación
Con la presentación de Agüero Iturbe, el expediente pasa nuevamente a la órbita de la Cámara Federal de Casación Penal. La Sala IV, que ya había intervenido anteriormente en la causa, deberá analizar el nuevo planteo.
Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky deberán resolver si hacen lugar al recurso fiscal y disponen que continúe la investigación o si mantienen el archivo confirmado por la Cámara Federal.
Por ahora, el archivo no fue revocado: lo que está en discusión es el recurso presentado por la Fiscalía contra esa decisión y, eventualmente, si la investigación debe continuar con las medidas de prueba que el fiscal considera pendientes.
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