Con el objetivo de profundizar la agenda de seguridad de la gestión nacional, el diputado nacional por Mendoza de La Libertad Avanza, Álvaro Martínez, presentó en el Congreso un proyecto de ley para reformar el Régimen Penitenciario. La iniciativa propone la prohibición absoluta del uso de teléfonos móviles en las cárceles, la implementación de uniformes según el nivel de peligrosidad y el cobro de un Arancel Único Carcelario (AUC) para que los internos afronten los gastos de su estadía.
Proponen que los presos paguen por su comida y luz en la cárcel, y prohíben los celulares
El proyecto oficialista aspira a terminar con las estafas virtuales y establecer obligaciones financieras a los presos para su reinserción.
Respecto al uso de telefonía en los penales, el legislador oficialista fue tajante sobre la necesidad de restringir las comunicaciones no controladas desde los pabellones.
"Hay que terminar de una vez por todas con el Call Center tumbero. Las cárceles deben servir para reinsertar personas, no para que los delincuentes sigan manejando bandas desde una celda", aseveró Martínez.
El proyecto busca modificar la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad para bloquear las vías con las que se concretan estafas, secuestros virtuales, maniobras de narcotráfico, lavado de activos y trata de personas. La medida complementa una iniciativa presentada por el mismo legislador en abril pasado, la cual busca sancionar con 1 a 3 años de prisión la tenencia de un celular en el penal, elevando la pena de 3 a 5 años si el dispositivo se usó para cometer un delito.
Arancel carcelario: "Quien esté privado de la libertad debe pagar sus gastos"
Uno de los puntos más polémicos de la propuesta radica en la creación del Arancel Único Carcelario (AUC), un esquema mediante el cual los internos que perciban ingresos por trabajos dentro de los establecimientos deberán abonar una cuota mensual para cubrir servicios básicos y manutención.
"La persona que está privada de su libertad debe pagarle al Estado los gastos que genere dentro de la cárcel. A partir de ahora tendrán que pagar la comida, la luz, el agua, la asistencia médica y el uniforme que usan dentro del penal", argumentó el parlamentario mendocino.
Martínez reforzó la postura afirmando que "el ciudadano que trabaja todos los días paga los servicios y la comida de su casa. Quien esté privado de su libertad también deberá hacerse cargo de sus propios gastos. La reinserción comienza aprendiendo a cumplir obligaciones".
Uniformes obligatorios según el nivel de peligrosidad
La iniciativa establece también la obligatoriedad de utilizar indumentaria unificada en tonos beige o marrón claro dentro de los establecimientos penitenciarios. Para diferenciar a la población penal según su perfil, la indumentaria de los reclusos de peligrosidad leve contará con una línea vertical al frente y al dorso, mientras que la vestimenta de aquellos evaluados con peligrosidad media tendrá dos líneas. En el caso de los internos considerados más peligrosos, el uniforme llevará tres líneas distintivas, quedando reservado el traje liso únicamente para quienes se encuentren próximos a recuperar la libertad. Al respecto, el diputado aclaró que la medida no busca discriminar, sino responder al principio de igualdad y facilitar la custodia.
Los pilares centrales de la reforma
La propuesta legislativa busca erradicar de forma definitiva los teléfonos celulares ilegales en los pabellones, permitiendo la comunicación únicamente a través de telefonía fija monitoreada o videollamadas exclusivas con defensores oficiales para agilizar el proceso judicial. En paralelo, la iniciativa fija el cobro del Arancel Único Carcelario para que los internos con ingresos solventen su alimentación, atención médica, servicios e indumentaria, al tiempo que impone la vestimenta estandarizada por niveles de riesgo y promueve un régimen laboral obligatorio enfocado en generar disciplina para la reinserción social.