La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto conocido como Súper RIGI, un régimen especial diseñado para atraer grandes inversiones en las denominadas “industrias del futuro”. La iniciativa ahora deberá ser tratada por el Senado para convertirse en ley.
Qué es el Súper RIGI: el nuevo régimen que obtuvo media sanción y busca atraer inversiones millonarias
La iniciativa impulsada por el Gobierno apunta a captar proyectos de más de USD 1.000 millones en sectores tecnológicos y energías de avanzada, con beneficios superiores a los del RIGI vigente.
A diferencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado con la Ley Bases, el nuevo esquema está orientado exclusivamente a actividades que actualmente no tienen desarrollo significativo en el país o se encuentran en etapas experimentales. Entre ellas figuran la inteligencia artificial, los centros de datos, la fabricación de baterías de litio, los paneles solares, las turbinas eólicas, los semiconductores y proyectos vinculados al uranio.
Uno de los principales cambios es el monto mínimo de inversión exigido. Mientras que el RIGI establece pisos que parten desde los USD 200 millones, el Súper RIGI eleva ese requisito a USD 1.000 millones por proyecto.
El proyecto también amplía los beneficios fiscales. Propone una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, frente al 25% previsto en el RIGI y al 35% del régimen general. Además, contempla exenciones aduaneras, estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años y un esquema más flexible para el acceso y uso de divisas generadas por exportaciones.
Según el Gobierno, el objetivo es posicionar a la Argentina como un destino competitivo para inversiones de gran escala en sectores de alta tecnología y valor agregado. Desde el oficialismo sostienen que se trata de una evolución del RIGI, que ya permitió la presentación de proyectos en áreas como minería y energía.
Sin embargo, la iniciativa también generó cuestionamientos. Algunos sectores de la oposición y especialistas advirtieron sobre el costo fiscal de los incentivos, la ausencia de exigencias de empleo local y la posibilidad de que proveedores nacionales queden en desventaja frente a competidores extranjeros.
Con la media sanción obtenida en Diputados, el debate se trasladará ahora al Senado, donde el oficialismo buscará convertir en ley uno de los proyectos económicos más ambiciosos de su agenda para captar inversiones de largo plazo.