El Gobierno nacional oficializó una nueva prórroga para la entrada en vigencia de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), el instrumento contemplado en la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 para cubrir las indemnizaciones y obligaciones económicas derivadas del fin de las relaciones de trabajo. La medida fue dispuesta a través del Decreto 1228/2026, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y los ministros de su gabinete.
Reforma laboral: el Gobierno postergó el fondo indemnizatorio y duplicó un plazo clave
Mediante un decreto en el Boletín Oficial, el Ejecutivo modificó el cronograma de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL). La entrada en vigencia se trasladó al 1° de diciembre y el período de carencia pasó de 6 a 12 meses.
A través de este decreto se modificaron dos puntos centrales del esquema normativo. Por un lado, la fecha de inicio del sistema se postergó formalmente del 1° de noviembre al 1° de diciembre de 2026, registrando un nuevo diferimiento respecto de la fecha original fijada para junio. Por otro lado, la normativa duplicó el período de carencia, exigiendo que los fondos acumulen aportes durante 12 meses consecutivos en lugar de seis antes de comenzar a cubrir las obligaciones previstas. Este lapso comenzará a contabilizarse cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) registre la primera contribución del empleador.
La decisión del Ejecutivo responde principalmente a dificultades técnicas y operativas asociadas a la puesta en marcha de un sistema inédito. La instrumentación de los FAL requiere canalizar los recursos a través de Fondos Comunes de Inversión Abiertos y Fideicomisos Financieros bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV), lo que demanda un desarrollo tecnológico complejo para articular el trabajo de entidades financieras, proveedores de servicios y distintos organismos públicos.
El aplazamiento responde también a un pedido formal elevado por actores del mercado financiero como la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI), la Cámara Argentina de Fideicomisos (CAFIDAP) y la Cámara de Agentes de Bolsa (CADAB). Con este plazo adicional, el Gobierno busca testear los sistemas informáticos y garantizar la solvencia, liquidez y estabilidad financiera del régimen, el cual alcanzará únicamente a las empresas del sector privado y dejará excluidos a los empleados de la administración pública.