La denominada política de tolerancia cero impulsada por el gobernador Rolando Figueroa sigue sumando despidos en el Estado neuquino. Recientemente, se sumaron dos casos: un policía y un portero, ambos condenados por la Justicia.
Un policía y un portero, echados de la Administración Pública: tenían condenas judiciales
Fue comunicado a través del boletín oficial.
En uno de estos casos, el gobernador convalidó la resolución del 18 de mayo de 2026 del Consejo Provincial de Educación (CPE) y le dio de baja de la administración pública provincial a Darío Gaspar Rifo Meliqueo, quien se desempeñaba como auxiliar de servicios (portero) en el Jardín de Infantes N° 52 de Añelo.
La decisión fue a raíz de la sentencia condenatoria en una causa por la comisión del delito de “amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil”.
La condena le hizo perder el derecho a la estabilidad laboral en virtud de lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén (E.P.C.A.P.P.).
En documentación oficial se indicó que la sentencia fue producto de un acuerdo judicial en el que le impusieron la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y el pago de una multa. Se indicó, además, que su proceder delictivo generó una incompatibilidad con lo que era su trabajo.
Y se recordó que los empleados públicos están obligados a poseer buenas condiciones morales y de conducta. También a tener una conducta decorosa y digna de la consideración y de la confianza que su condición de agente del Estado exige. Se concluyó entonces que este ahora ex portero “no cuenta con las condiciones morales y de conducta que prevé la normativa vigente”.
El caso del oficial principal
También fue exonerado el ahora ex oficial principal Patricio Eduardo Gómez. La propia Jefatura de Policía de la Provincia del Neuquén pidió que le aplicaran ese castigo, por haber perpetrado delitos en perjuicio de la integridad física y psicológica de una compañera de trabajo, que se encontraba cumpliendo funciones.
El hecho fue denunciado ante el Ministerio Público Fiscal en septiembre de 2023 y se le iniciaron acciones por abuso sexual. Luego un Tribunal de Juicio dictó sentencia condenatoria y le impuso la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, por el delito de “abuso sexual simple agravado por la calidad de funcionario público o miembro de una fuerza policial o de seguridad”.
En el expediente se detalla que el ahora ex oficial interpuso recursos contra las actuaciones administrativas, pero fueron rechazadas.
Además, la inhabilitación especial perpetua impuesta judicialmente para el ejercicio de funciones vinculadas a la seguridad y demás actos propios del servicio policial, configura un impedimento legal.
Fuente: LMNEUQUEN.COM