El conflicto salarial y presupuestario entre el Gobierno Nacional y los gremios de la educación superior sumó un nuevo capítulo de máxima tensión tras no llegar a un acuerdo en la última reunión paritaria llevada a cabo este jueves en el Palacio Pizzurno. Ante la falta de consenso, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) anunciaron un plan de acción gremial que incluirá medidas de fuerza escalonadas.
Universidades nacionales: habrá paros rotativos y exigen un mayor presupuesto de cara al 2027
Tras no alcanzar un acuerdo en el Palacio Pizzurno, las asociaciones sindicales rechazaron la oferta oficial y ratificaron medidas de fuerza. El Gobierno aplicará el incremento por decreto, mientras el debate se traslada al Congreso por el presupuesto.
Desde las entidades sindicales explicaron que las jornadas de protesta se realizarán de manera rotativa, complementándose con actividades de visibilización en cada repartición y unidad académica entre el lunes 21 del corriente mes y el jueves 22 de octubre. En paralelo, los referentes sectoriales confirmaron la convocatoria a una Quinta Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre, la cual se concentrará frente al Palacio de Tribunales.
Posturas enfrentadas y un incremento por decreto
Durante el encuentro paritario, el Ministerio de Capital Humano —comandado por Sandra Pettovello— mantuvo firme la propuesta de otorgar un aumento salarial del 3%. Sin embargo, la oferta fue rechazada por unanimidad por las principales federaciones del sector, entre las que se encuentran la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA), sumadas a los gremios de base.
Los sindicatos exigen una recomposición salarial cercana al 32% con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación, además de reclamar el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
“Están desfinanciando la educación pública y ahogando a trabajadoras y trabajadores universitarios. Esto nos va a convertir en un país con menos profesionales y menos oportunidades de ascenso social”, sostuvo el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, al justificar la masiva movilización prevista para octubre.
A pesar del rechazo gremial, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, confirmó que se efectivizará el incremento salarial de todas formas, argumentando ante la Justicia el cumplimiento de las medidas cautelares vigentes.
El debate presupuestario llega al Congreso
En paralelo al conflicto salarial, la disputa se trasladó de lleno al ámbito legislativo y de gestión. Por un lado, los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) continúan reclamando en el Congreso una asignación de 11 billones de pesos en el marco del Presupuesto 2027, distanciándose de los 7,3 billones previstos originalmente en el proyecto oficial.
Por su parte, el Frente Intersindical Universitario ratificó la profundización de su plan de lucha, exigiendo la actualización de las becas estudiantiles y un presupuesto operativo real para el funcionamiento de las instituciones el próximo año. Desde el CIN y diversas agrupaciones estudiantiles ya advirtieron que, de persistir este escenario de recorte en las cuentas públicas, el inicio del ciclo lectivo 2027 corre un serio peligro.
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