El Estado de Derecho y la República
Diferentes sectores ultra kirchneristas y funcionarios del Gobierno nacional, con anuencia y consentimiento expreso del Presidente de la Nación, convocaron el martes último a la Plaza Lavalle a una marcha para destituir la Corte de Justicia de la Nación, por mal desempeño en sus funciones.
Esta actitud propia de los gobiernos totalitarios y antidemocráticos, reviste gravedad institucional, por estar en contra de lo previsto por la Constitución Nacional.
Es un ataque sagaz, sutil y ladino, contra el máximo Tribunal de Justicia de la Argentina, violentando la independencia de los poderes, lo que afecta gravemente los preceptos constitucionales consignados expresamente en la Carta Magna.
Esta intromisión impropia del Ejecutivo en otro poder del Estado, establecidos por la Constitución Nacional, llamando y apoyando a "echar" a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, constituye delito que la justicia debería investigar hasta determinar la responsabilidad jurídica de cada uno de los involucrados.
La Constitución Nacional, expresamente en sus disposiciones legisla los mecanismos a adoptarse en caso de mal desempeño y/o ilicitud para cualquiera de los miembros del Poder Judicial.
El juicio político, es la herramienta que brinda la Carta Magna para estas circunstancias, y debe ser activado en el Congreso Nacional, a fines de destituir un miembro de la Corte, caso contrario estamos frente a un delito de sedición.
Por Ricardo José Luis Aracena
Abogado