La revisión del destino de los planes asistenciales del Gobierno debería ser de rutina para comprobar si esa ayuda va realmente al pobre. Ha quedado demostrado que estas asignaciones se otorgaron durante la década anterior priorizando el clientelismo político antes que las necesidades sociales y con fin electoral, incluso cambiando estas ayudas a ciudadanos paraguayos en el Noreste por el voto a los candidatos del oficialismo.

Como si fuera poco esta entrega discrecional, como se hizo también con las jubilaciones sin aportes ni antigüedad laboral -incluso en San Juan- se ha descubierto el escandaloso caso del "Gordo'' Luis Saucedo, un narcotraficante de Corrientes que cobraba regularmente un plan social no obstante tener una flota de 23 vehículos, la mayoría de alta gama, tres propiedades y diversos bienes.

Además cobraba un salario de empleado municipal mientras lideraba la distribución droga en su provincia, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero y Chaco.

Semejante irregularidad exige una investigación para determinar el destino de cada plan social, quienes los cobran y si en realidad los necesitan.