Recientes sondeos vinculados a la votación que aprobó redactar una nueva Constitución que reemplace la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet muestran que serían más los chilenos que rechazarían el texto que aquéllos que lo aprueben, lo que preocupa a los artífices y promotores del nuevo texto -entre los que figura el joven presidente progresista Gabriel Boric- que lo ven como una base para profundas reformas económicas y sociales. Las encuestas "son preocupantes y son un llamado de atención para todos quienes confiamos en este proceso", dijo Boric esta semana de visita en Buenos Aires. "He conversado con gente que votó ‘apruebo’ y que hoy tiene dudas. Esas dudas no pueden ser sencillamente ignoradas", planteó, llamando a buscar acuerdos más amplios y "modificar lo que haya que modificar".
Los promotores del nuevo texto argumentan que la legislación vigente desde 1980 es ilegítima por su origen en la dictadura, que injustamente da más fuerza a la derecha y que agudiza las desigualdades sociales y económicas.
"Si la propuesta es rechazada en el referendo seguirá en vigencia la Constitución actual lo que sería visto como un duro golpe para los progresistas y para el joven Boric."
Crecen las dudas
Hace dos años, en un plebiscito, tras meses de protestas callejeras, casi el 80% de los chilenos apoyó escribir una nueva Constitución. Una asamblea electa para eso tiene plazo hasta julio para redactarla y debe ser sometida a un plebiscito de participación obligatoria en septiembre. Pero las disputas políticas dentro de la asamblea y una serie de temas que van desde pensiones hasta reformar profundamente el Congreso ha sembrado dudas sobre el apoyo que recibirá finalmente.
Si la propuesta es rechazada en el referendo seguirá en vigencia la Constitución actual -que desde su promulgación ha sido sometida a varias reformas- lo que sería visto como un duro golpe para los progresistas y para el joven Boric.
Avance de propuestas
Dominada por fuerzas de izquierda e independientes, la Asamblea ha aprobado algunas propuestas polémicas como el acceso a los derechos reproductivos, incluido el aborto, la autonomía de los territorios indígenas y artículos que hacen de la lucha contra el cambio climático un deber constitucional para el Estado.
Si bien esos temas tocan fibras sensibles de un movimiento progresista en ascenso en Chile, han provocado la oposición de conservadores y moderados.
"Mientras que se reclamó por las pensiones, el precio del transporte, el derecho a la salud, vemos una Convención que se ha distanciado de las expectativas de las personas", dijo Francisco Zambrano, abogado constitucionalista de la Universidad de Santiago.
Bárbara Sepúlveda, abogada militante del Partido Comunista que es integrante de la asamblea respaldó la abolición del Senado, señalándolo como un órgano conservador que limitaba los cambios que exige la ciudadanía, pero representantes conservadores se negaron, argumentando que la Cámara Alta ejerce un importante contrapeso al poder.
También en marzo la comisión ambiental sólo consiguió que una de las 40 propuestas contenidas en un primer informe fueran aprobadas por la asamblea. La comisión votará sobre más medidas esta semana, incluyendo algunas relacionadas con la nacionalización del agua y la minería, un importante tema de debate en el mayor productor mundial de cobre.
Por Alexander Villegas y Natalia A. Ramos Miranda
Agencia Reuters