Las peleas políticas en este país por los recursos del Estado son tan antiguas como la democracia. Todos los gobiernos desde Raúl Alfonsín a la fecha favorecieron a los amigos y discriminaron o perjudicaron a los enemigos. Es una especie de hilo rojo que empieza en la Casa Rosada, pasa por las gobernaciones y termina en los intendentes, víctimas finales de esa cadena cuya suerte queda echada en las elecciones, con las mismas garantías que tiene cualquier persona al jugar a la quiniela. Según la leyenda que nació en Japón, dicen, las relaciones humanas estarían predestinadas por un hilo rojo que los dioses atan al dedo meñique de aquellos que van a encontrarse en la vida. Nada puede escapar al hilo, aseguran. Si el destino quiere que una persona coincida con la otra, así será. El manejo de los fondos del Estado nacional a las provincias más o menos sigue el mismo ritmo: si hay coincidencia política con los ocupantes de la Casa Rosada de turno, el amor se mantiene y los recursos fluyen. Si el hilo se rompe, también los recursos. San Juan quebró con esa tradición, al menos puertas hacia adentro, el día que la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Coparticipación, allá por 2018. No es que la provincia no se guarda recursos para distribuir según la cara del receptor, pero los intendentes, sean del partido que sean, al menos tienen asegurado el funcionamiento y, si son prolijos, bastante más.

Hasta hace dos años San Juan era la única provincia del país sin una ley de coparticipación municipal. Lo había prometido Sergio Uñac en la campaña mientras ejercía el cargo de Vicegobernador y se cumplió a tres años de que arrancara su gobernación. Todos los intendentes participaron de la discusión y la norma salió por unanimidad, luego de 30 años de postergaciones. La última ley de reparto era de 1974 y estuvo vigente hasta 1988, tras una serie de modificaciones. Hasta septiembre de 2018, cuando fue sancionada la norma que rige, los intendentes recibían lo que el Ejecutivo les enviaba. El gobernador no tenía obligaciones legales y los gobiernos provinciales y municipales se regían sólo por el vínculo de la política. Desde 2018 los fondos a repartir están atados a parte de la recaudación impositiva local (20%) y a una porción de los recursos tributarios que lleguen de Nación (14,5%), sin afectación específica. Esto implica que las partidas estarán en línea con la actividad económica provincial y también del resto del país, por lo que no quedan retrasadas con la inflación.

Los parámetros de distribución son: población (49%); hogares con necesidades básicas insatisfechas (23%), un reparto igualitario de un 15% entre las 19 comunas; la recaudación por Ingresos Brutos que aporta cada distrito al fisco (6,8%), la distancia de la villa cabecera a la ciudad (2%), el consumo de alumbrado público (1,5%), Impuesto Automotor (1,1%), la dispersión poblacional (1%) y el Impuesto Inmobiliario (0,6%).

A nivel nacional, es decir el vínculo del Ejecutivo nacional con las provincias, es bastante distinto. El régimen actual de coparticipación de recursos federales está vigente desde el año 1988, cuando se sancionó la ley nacional 23.548 de forma transitoria. Después de esa discusión de fines de los '80, seguía la pelea política entre las provincias, para llegar a un acuerdo y aplicarlo en la reglamentación de la norma, cosa que nunca ocurrió. Incluso, esa normativa sigue en pie a pesar de que la reforma constitucional de 1994 contemplaba una reglamentación definitiva. Ese ordenamiento final nunca pasó y ninguno de los presidentes que vinieron después quiso meterse en ese barullo. Aunque ilegal y muy dañino, que nadie se haya metido en esta discusión es casi un acto reflejo: este país casi nunca se pone de acuerdo en nada. 

En este contexto, Alberto Fernández salió a complicarse la vida esta semana cuando anunció que le iba a quitar plata a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por la oposición, para darle al ultra K Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. De manera inesperada y hasta un tanto extraña al menos desde las estrategias de la política, Alberto subió al ring a Horacio Rodríguez Larreta, el único que conserva cierta autoridad en la oposición y que puede seducir a los votantes que no quieren a Cristina y que se decepcionaron con Mauricio Macri. Allí hay dos caminos posibles: que el Presidente esté corriendo a Macri de la escena, y con él a la propia Cristina; o que simplemente haya sido un error producto del miedo al verse rodeado por policías furiosos, pero munidos de reclamos valederos.

Aunque algo cierto, no es creíble ni vendible el argumento de la justicia que esgrimieron el mandatario nacional y varios de sus laderos luego de los anuncios. Es decir, nadie cree que Alberto esté ajusticiando a los porteños, quienes años atrás se aprovecharon de los provincianos. Lo que quedó flotando en la discusión pública es el castigo de Alberto, no el salvataje a los bonaerenses, por más que ese también haya sido el resultado de la polémica jugada. Y eso es lo que no se entiende de la maniobra.

La respuesta a la crisis de parte del gabinete de Fernández y del propio Presidente, dio miedo. El cimbronazo que provocó la protesta policial fue tan fuerte, que hasta los gobernadores tuvieron que salir a apoyar al mandatario nacional. Esta semana, realmente, pudo haber pasado cualquier cosa en este país. No hay que olvidar que vivimos en un estado permanente de ebullición, en un estado permanente de inseguridad política. Hay un gobierno nacional partido y eso se nota cada vez más. Alberto no domina, Cristina juega con fuego porque no son sus manos las que se queman, y presiona, acelera, desacelera según el ánimo del día. No es posible que este país lleve a la par de los conteos de los muertos, el conteo de votos a favor o en contra de normas como la Reforma Judicial, por ejemplo. No hacía falta, pero claro, las urgencias de la Vicepresidenta no son las mismas que las del resto del país.

En definitiva, mientras las reglas no estén claras, habrá otro Rodríguez Larreta que sufra las consecuencias de las coyunturas políticas. Lo mismo le pasó a Uñac con Macri. Y antes a alguien más. Este país sigue castigando a la democracia.