Desde hace nueve meses rige la ley que elevó a 16 años la edad mínima para celebrar contratos laborales. Sin embargo, en tres de cada diez habitantes bajo la línea de pobreza, la situación social hace que la realidad sea diferente respecto de lo que señala la norma.
Según datos del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia que elabora la Universidad Católica Argentina, 9,6% de los menores trabaja en tareas no domésticas; el 4,6% cumple funciones en el hogar que son propias de adultos, y el 1,3%, que representa a unos 115.000 chicos, está afectado por ambas situaciones. Los resultados del trabajo no presentan variaciones significativas respecto de los registrados en años previos. Los datos promedio 2007-2009 indican que trabajaba fuera del hogar el 8,7% de los niños y adolescentes, en tanto que 6,9% desarrolla tareas domésticas, y 1,4% hacía las dos cosas.
La asignación por hijo no es universal porque no llega a todos. Además no logró, en su primer año de vigencia, aliviar la problemática del trabajo infantil, más allá del aporte que esa política social hace a la economía de las familias. Son alrededor de 980.000 los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años que, en los centros urbanos de Argentina, trabajan fuera de sus hogares, mientras que otros 420.000 hacen tareas domésticas en forma intensiva: en total unos 1,4 millones de chicos.
Hay que reiterar que la educación es la herramienta más poderosa para terminar con casi todos los males del país. Pero en el caso del empleo infantil, también es necesario que los padres reciban educación y tengan la oportunidad de tener trabajo decente. Cumplidos ambos objetivos, las únicas tareas de los chicos sean asistir a la escuela y jugar.