La presidenta de la Nación fue terminante al calificar de "boicot" a las consecuencias que tiene para el país el activismo desmesurado de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), que obligó a paralizar o a reprogramar los vuelos de Aerolíneas Argentinas el último fin de semana.

La posición adoptada por la dirigencia sindical encabezada por Ricardo Cirielli, en un servicio de transporte tan sensible, es reprochable desde todo punto de vista porque si bien el perjuicio económico para la línea de bandera fue de veinte millones de dólares, el verdadero impacto lo sufrió el público. Basta observar las imágenes de pasajeros frustrados, durmiendo en el suelo o procurando otros medios para poder viajar, para comprender quienes han sido las víctimas de un chantaje corporativo.

Cristina Fernández de Kirchner fue categórica al señalar que "los dirigentes sindicales deben comprender que no hay mejor manera de defender a los trabajadores que cuidar la fuente de trabajo y asegurar más fuentes de trabajo para los hijos de los trabajadores", por ello puso énfasis en su llamado a no frustrar los logros alcanzados por el país y "los convoco a no boicotear la Argentina, a no boicotear lo ya logrado", según expresó. Estas expresiones de la mandataria son reflexivas frente a las responsabilidades que les cabe a los gremios y más oportunas por un evidente cambio de posición ya que fue el kirchnerismo quien avaló las huelgas salvajes de los aeronáuticos que llevaron a los españoles a abandonar la empresa, como también a la impunidad de Hugo Moyano -que apoya el accionar de APTA- para bloquear a empresas con fines políticos, como impedir la circulación de diarios, y paralizar servicios públicos prioritarios.

Vale recordar también que el presidente de Aerolíneas Argentinas, el joven de agrupación oficialista La Cámpora, Mariano Recalde, es hijo de Héctor Recalde, el influyente abogado cegetista y aliado de Hugo Moyano, quien, por una falsa solidaridad corporativa, apoya abiertamente a los técnicos aeronáuticos.

Es de esperar que las palabras de la Presidenta sobre este conflicto y en general acerca del papel sindical, sean el punto de partida para una nueva etapa del Gobierno nacional en su relación con el sindicalismo duro, hoy convertido en un nocivo factor de poder con pretensiones que van más allá de sus derechos y obligaciones amparados por la Constitución.