Hace cuatro años el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fue el más votado y obtuvo 169 escaños con el apoyo del 43,9% de los españoles, mientras el Partido Popular (PP), segundo, alcanzó 39,9%, con 154 diputados en el Congreso. Ahora la situación es radicalmente distinta: el domingo último el PP alcanzó una amplia victoria y mayoría legislativa absoluta.

La herencia que deja en España el derrotado PSOE es de descalabro económico y grave daño moral. La peor crisis económica de la historia ha dejado en España una tasa de desempleo colosal, cinco millones de desocupados, al que se ha sumado el azote de los mercados financieros, llevando al país al borde de la asfixia, y con un crecimiento nulo de la economía en el tercer trimestre del año, unido a la amenaza de default. Esta situación ha provocado un acelerado desgaste al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que lógicamente ha repercutido en la campaña del candidato oficialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Su principal rival, el popular Mariano Rajoy, ha podido, sin apenas develar el programa de Gobierno, recoger los frutos del descalabro socialista. Para ello, le ha bastado con agitar las cifras de la desocupación, el déficit, la deuda, los recortes sociales y hasta los constantes vaivenes de la prima de riesgo de las obligaciones españolas a diez años que ha superado los 500 puntos de base, récord en la eurozona. La decadencia moral promocionada por los socialistas logró, entre otros temas, instalar en la sociedad el debate sobre la ley de matrimonio homosexual, que consiguió la aprobación parlamentaria, y amplió el derecho a abortar a mujeres mayores de 16 años.

España entra en una zona peligrosa. El período de transición de un mes podría agravar su situación y favorecer la acción de los especuladores. La ley española establece que el Parlamento comenzará sus sesiones el 13 de diciembre, y que el nuevo equipo gubernamental debe recibir el voto de confianza una semana después. Pero aún hay lugar para la esperanza de los españoles. Pueden salir adelante, como en 1996, cuando el PP se tuvo que hacer cargo -después de otro gobierno socialista-, de un país con 22% de desempleo y la seguridad social al borde de la quiebra, al punto que pidió un préstamo para poder pagar las pensiones.