La avalancha incesante de refugiados que invade a los países europeos genera serios desequilibrios demográficos como jamás la comunidad de naciones previó y ni siquiera se compadece con el movimiento migratorio impulsado por la Segunda Guerra Mundial. La cuestión de fondo va más allá de la emergencia humanitaria para dar albergue a centenares de miles de familias que huyen del terror, las persecuciones y el hambre que asolan sus lugares de origen sino el futuro anhelado en el país que los acoge.
Gobiernos bien estructurados y con proyecciones de crecimiento luego de superar una de las mayores crisis económicas de las últimas décadas, caso de Alemania, observan que han caído en una impensable emergencia social con altísimos costos. Para las autoridades alemanas el alojamiento y la manutención, así como los cursos de integración y de idioma para los refugiados llegados al país costará al Estado en los próximos dos años unos 50.000 millones de euros, según un estudio preliminar basado en la afluencia migratoria con este destino. Con los datos actuales, los costos de atención de alrededor de 1,5 millones de solicitantes de asilo ascenderá a 17.000 millones de euros este año, a lo que se deben sumar otros 5.000 millones para cursos de integración e idioma, precisa el informe preliminar.
Y en caso de que el número de peticionantes de asilo ascendiera hasta 2,2 millones en 2017, los valores para el Estado alemán aumentarían a 22.600 millones de euros en concepto de alojamiento y manutención y hasta los 27.600 millones de euros sumando los cursos de integración e idioma. Si estos pronósticos se confirman, el gobierno tendría que apelar a un nuevo endeudamiento en 2017. La incertidumbre europea por la ubicación onerosa de los refugiados es mayor en Estados con menores recursos pero el problema principal es restablecer la paz para que los refugiados retornen a sus tierras con expectativas que les aseguren un desarrollo sin amenazas políticas, étnicas ni religiosas.
La subsidiaridad a los nuevos pobladores europeos cesará cuando puedan ganarse el sustento, un proceso a largo plazo, quizás para el 10% tras cinco años de residencia pero sólo para menores de 35 años. Por eso la solución integral está en la pacificación y la recuperación del aparato económico destruido por el fundamentalismo criminal.