María Estela Martínez de Perón.

A nadie escapa que el coronavirus ha venido a parar el mundo en el estricto sentido de la expresión. Tampoco que España, junto a Italia, son los dos países más afectados del planeta, y que Argentina no escapa a esto que la Organización Mundial de la Salud llama pandemia. Por eso la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que cada año ratifica la condena de los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la última dictadura (1976-1983), por primera vez se va visto impedida de actos públicos y marchas masivas en todo el territorio nacional. No obstante, distintas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, políticas, sindicalistas y estudiantiles se han manifestado por los medios de comunicación y redes sociales, ante el impedimento de reuniones por razones de emergencia sanitaria. Pero el recuerdo ha estado ahí presente, lo mismo que cada relato evocativo no ha podido obviar el nombre de María Estela Martínez viuda de Perón, protagonista central de aquel golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas. Sus casi veintiún frenéticos meses de gobierno, ejercidos bajo el acoso y presión permanente de José López Rega, considerado por notables historiadores como el personaje más funesto de la política argentina del siglo pasado, la ubicaron en la escena de numerosos hechos que con los años llegarían a la Justicia argentina y española. Recordemos que tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y su detención durante siete meses en la residencia "El Messidor", de la provincia de Neuquén, fue trasladada luego para continuar su encierro a la Base Naval "Juan Bautista Azopardo", de la localidad bonaerense de Azul, y finalmente a la quinta de San Vicente, una de las propiedades de Perón a la sazón confiscadas por los militares, donde permaneció hasta su liberación el 12 de julio de 1981. De regreso definitivo a España y tras casi una década de residencia en el centro mismo de Madrid, Isabel fue citada puntualmente por "crímenes de lesa humanidad" contra españoles bajo su presidencia, a la luz del famoso decreto por el cual se dispuso "aniquilar la subversión", bajo el argumento del clima de violencia incontrolable que vivía el país. A este instrumento legal se sumaron los decretos 2770, 2771 y 2772 del mismo año 1975, por los cuales se constituyó el Consejo de Seguridad Interior, encabezado por la Presidenta de la Nación, los ministros del Gabinete nacional y los comandantes de las Fuerzas Armadas, por los cuales se buscaba, además, "eliminar y desalentar el apoyo que personas u organizaciones de distintos tipos pueden brindar a la subversión". Así, en febrero de 1997 Isabel declaró ante la justicia española citada por el reconocido juez Baltazar Garzón, de la Audiencia Nacional (tribunal español con sede en Madrid, con jurisdicción en todo el territorio nacional), en la causa de la desaparición de 266 españoles en Argentina durante la dictadura militar. Su declaración quedó resumida en esta frase, todo un símbolo de su mandato: "En mi gobierno yo era un títere". Las causas por las que se la convocó en varias ocasiones desde los juzgados ordinarios de la madrileña Plaza de Castilla, estaban todas vinculadas a los decretos mencionados, pero nunca fue condenada. Según publicó el diario español "El Mundo", del 31 de enero de 2008, citando a "La Nación", de Buenos Aires, Garzón dio "un inédito respaldo" a la expresidenta en estos términos: "Yo no creo que ella tenga nada que ver con los hechos que se le atribuyen. Era una pobre mujer que no manejaba nada y que tenía a los militares metidos en sus reuniones de gabinete. Otra cosa es analizar por qué asumió esa responsabilidad". Cuando a principios de los años 90 quien esto escribe la entrevistó en un café del Paseo de la Castellana, cerca de la plaza de Castilla de Madrid, liberada ya de todo proceso judicial, le consultó sobre cómo vive cada 24 de marzo, la ex presidenta reconoció que para esos días no quiere exponerse ante nadie, porque es una fecha que le trae "mucha amargura", sobre todo "por todas las mentiras que se dijeron de mí y de mi responsabilidad sobre los desaparecidos". Por ello, cada 24 de marzo, como el de esta semana, a 44 años de su caída, es un día de evitar salidas para Isabel Martínez en su casa ubicada en un conjunto residencial de alto standing, en las afueras de Madrid, donde vive. Pero esta vez, el encierro ha sido obligatorio, como en los viejos tiempos, por las medidas del gobierno español contra el coronavirus.
 

Por Luis Eduardo Meglioli
Periodista. Fue redactor de la agencia española Europa Press R.