Hemos entrado en un año electoral y, como viene ocurriendo en más de tres décadas de democracia ininterrumpida, las urnas tienen el efecto de flexibilizar la austeridad estatal nacional y de los diferentes gobiernos provinciales y municipales que hicieron causa común con la necesidad de reducir el gasto público y el aparato funcional. Las medidas políticas extraordinarias, como los decretos de necesidad y urgencia o las excepciones por única vez, tienen igual efecto transgresor.


Ningún gobierno serio, de cualquier signo, puede hablar de reformas profundas como la fiscal para aliviar el enorme peso que soporta el contribuyente, si no se encara una reducción sensible del gasto público y un achicamiento de la inmensa estructura del Estado en todas sus dependencias, incluyendo a los tres poderes, las universidades y empresas estatales.


Para tener una idea de la política de prebendas con fines electorales, basta recordar que el kirchnerismo entregó el poder dejando cuatro millones de empleados públicos. Es bien conocido el mecanismo utilizado para ubicar a militantes que cobraban sueldos sin trabajar, llevando las plantas laborales a cifras siderales, como en el Congreso que llegó a albergar a más de 7.000 empleados.


A mediados del año pasado el Gobierno nacional dictó el decreto 632/2018 con una serie de pautas para reducir los gastos en el Estado, estimando en ese momento una disminución de más de 20.000 millones de pesos del presupuesto. Pero la medida exceptuaba a la Agencia Federal de Inteligencia, a la AFIP, al Servicio Penitenciario Federal, las universidades nacionales, las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Obviamente no incluía al Poder Judicial y ni al Legislativo, a los que se los invitaba a participar al igual que a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Sería bueno conocer el balance de este ajuste y si se hizo una utilización racional de los recursos públicos. También el cumplimiento de las contrataciones, un recurso excepcional para tomar personal por razones de fuerza mayor.


La calidad institucional no se obtiene designando más personal, sino racionalizando o eliminando la pesada burocracia en la función pública. El Estado posee herramientas informáticas y redes operativas para ganar en eficiencia y funcionalidad. Incluso en San Juan no alcanza con edificios nuevos y bien equipados si el personal sigue con la mentalidad de vegetar en la inoperancia.