Después de 2001, el cortar las calles y rutas para protestar y dar visibilidad al reclamo por parte de algunos grupos, pasó a ser algo cotidiano y una pesadilla para quienes deben transitar por la vía pública. En lo que va del año, tan sólo en la Capital Federal se notificaron 440 infracciones por interrupciones viales. Resulta claro que el derecho a manifestarse no debe ser un acto arbitrario, sino regulado.
El Código Procesal Penal de la Nación establece, en su artículo 5°, que le corresponderá al Ministerio Fiscal el ejercicio de la acción penal pública, lo que obliga a los fiscales a ejercerla de oficio, cuando no dependa de instancia privada. Se trata de una obligación ineludible que no puede suspenderse, excepto en los casos previstos por la ley. Estas normas se contradicen hoy con las actitudes y expresiones que en forma permanente proceden de funcionarios del Poder Ejecutivo, al sostener que ellos, en procura de la paz social, no van a reprimir este tipo de actos. El Gobierno carece de facultades para tomar esas resoluciones, ya que, frente a la existencia del delito, está obligado a cumplir los requerimientos que haga la Justicia, acatar las decisiones de los magistrados o utilizar la fuerza pública como ordena la ley. Más aún, en caso de no actuar, pueden ser acusados de violación de los deberes de funcionarios públicos. Hay dos derechos concurrentes: por una parte, el de peticionar y, por otro, el de circular con libertad sin los obstáculos que representan los cortes y manifestaciones.
Lamentablemente, muchos justifican la protesta con el argumento de que complicar la vida a otros es la única manera de ser escuchados. Esto se ha generalizado y se ha banalizado en los ámbitos judiciales con la excusa de que no hay que criminalizar la protesta por temas sociales o laborales. Pero no se trata de eso, sino de asegurar los derechos básicos de todos, garantizando la convivencia. Los responsables deben ser castigados. No se debe identificar orden con represión, ni manifestación con arbitrariedad. Vivir en sociedad implica hacerlo en libertad pero limitada por la ley y esto lo ha señalado la presidenta de la Nación, Cristina F. de Kirchner.
El tema no es menor sino fundamental, ya que lo caracteriza al Estado de derecho es la vigencia de la ley, que debe ser igual para todos.