La decisión del Gobierno nacional de eliminar los subsidios en las tarifas de gas, luz y agua en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, indica un cambio drástico en la política de mantener servicios públicos baratos para alentar el consumo. Dicha medida abre la puerta a reajustes de precios a clientes domiciliarios impactando, según analistas privados, en productos, tarifas y, por ende, en la inflación real.

La medida oficial obedece a varias motivaciones, aunque el problema es muy preciso: en 2012 el Tesoro debe saldar deudas por 7.500 millones de dólares y 45.000 millones de pesos. Del monto en pesos, 20.000 millones están en poder del sector público y por lo tanto se pueden reprogramar. Pero hay 25.000 millones de pesos que, si no hubiera superávit primario, deberían ser emitidos, con lo que esto implica. El Gobierno acertadamente ha demostrado una vez más el rasgo que lo caracteriza: aprovecha al máximo la oportunidad.

Al igual que en 2007, las noticias que poco agradan se brindan entre el día que se ganan las elecciones y el día de la asunción del mando. En aquel momento Néstor Kirchner se encargó de aumentar las retenciones, la tarifa del transporte y el impuesto a la riqueza. El Gobierno debería reconocer que tanto la política de precios como la política energética sostenida hasta ahora son dos asuntos negativos que es necesario revertir. Por una parte, los subsidios se han vuelto insostenibles porque la inflación, que finalmente parece haberse reconocido, se ha ido devorando el Presupuesto del Estado.

Y por otro lado, el déficit energético ya no se puede ocultar más. Ahora es cada vez más costoso importar gas a más de 10 dólares por millón de BTU, cuando al productor local se le reconocen sólo 2 dólares por el mismo producto. La Argentina ha venido sufriendo una crisis energética, pese al crecimiento económico. Estos factores claves del crecimiento deben operar de la manera más transparente posible, de forma tal que ocultar déficit o carencias o insuficiencias confunden tanto a los usuarios como a todos los contribuyentes. Al contrario siempre es más beneficioso advertir a tiempo determinados problemas antes que se empiecen a padecer sus efectos negativos por falta de planificación en un área sensible para la economía.

La Argentina perdió el autoabastecimiento energético y se optó por la importación antes que el fomento de la producción local. Este esquema no se puede sostener más, por lo que ahora los usuarios deberán hacer su aporte para superar esa deficiencia.