"La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales'' (John Rawls, Teoría de la Justicia).

 

Contar con una justicia abierta, ágil y eficaz es una larga aspiración. De allí que un reto central es dar respuesta a las crecientes demandas de la sociedad, imponiéndose como política pública la reforma y modernización del sistema de administración de justicia. Los poderes del Estado local en los últimos tiempos han emprendido importantes iniciativas a esos fines, como la sanción de la ley de flagrancia y la puesta en funciones del fuero respectivo, inauguración del laboratorio forense, implementación de un sistema de gestión de calidad en el Poder Judicial, entre otras medidas realizadas y en curso. 


Los cambios que requiere el sistema judicial han vuelto a estar en el centro del debate con el proyecto del PEN para eliminar la feria judicial y ampliar el horario de atención al público. En cuanto a la feria judicial de 45 días anuales -mes de enero y 15 días de julio-, comparativamente es una de las más extensas a nivel mundial (p.ej: en Paraguay solo se suspende la actividad en enero; en Chile se suprimió en el 2014 y los jueces programan su descanso en cualquier mes del año; en Bolivia las vacaciones anuales son de 25 días calendario). 


Por nuestra parte, consideramos que la feria de enero no se debe suprimir completamente (en su defecto, ser de 15 días y el resto programado para otra época del año) por dos razones principales: a) Se unifica el descanso de funcionarios y empleados en un mes, evitando las licencias durante el año que producen inconvenientes y retrasos tales como subrogancias de juzgados y ausencia de personal, y b) Si todo el año fuese hábil los abogados nunca tendrían vacaciones porque los plazos procesales corren y son perentorios (salvo que, como en España, el letrado notifique al juzgado el tiempo de su ausencia con la suspensión de los plazos); además, las altas temperaturas de enero en San Juan complican la labor de los abogados litigantes que tienen que caminar diariamente los distintos juzgados. No así la feria de julio pues el fin para el que fue pensada en la Ley Orgánica de Tribunales, que es el de poner al día trabajos internos atrasados, en muy pocos casos se cumple. 


Respecto al horario de trabajo y de atención al público de 6 horas diarias (excepto los juzgados penales y otras excepciones), dista de ser el que cumple el personal de otros organismos de la administración pública y, mucho más, de los trabajadores del sector privado. El mismo se debe adaptar a las reales necesidades de estos tiempos, por lo que se tendría que ampliar en 1 o 2 hs., con dos turnos, adecuándolo a la idiosincrasia de los horarios sanjuaninos. Estos cambios, al ser derechos adquiridos, lógicamente deben ser consensuados previamente con el gremio de los judiciales.  


Por supuesto que con modificar la feria y los horarios de trabajo no se solucionan los problemas estructurales que arrastra la justicia. Para ello se debe encarar un programa integral de reformas. Varias ONG y entidades nacionales y provinciales relacionadas al sector judicial han formulado propuestas en aras de un mejor y más eficiente servicio de justicia. 


Entre ellas, y con el fin de efectuar un modesto aporte para un mayor debate en el análisis de la temática en nuestra provincia, cabe destacar: 1) Modificación del Consejo de la Magistratura, estableciendo un nuevo procedimiento para la elección de jueces; 2) Carrera judicial regida por pautas basadas en el mérito, con un sistema de capacitación continua y evaluación de desempeño; 3) Estadísticas de acceso público desagregadas por juzgados, a fin de un control interno y externo de productividad; 4) Sistema de litigación oral para toda clase de juicios, excepto para las cuestiones de familia, minoridad y las que comprometen la intimidad de los justiciables; 5) Resolución de conflictos en tiempos razonables, debiendo establecerse mecanismos estrictos de control de la duración de los procesos; 6) Expediente digital y recepción de escritos por correo electrónico; 7) Código de Etica Judicial, el cual determina estándares de conducta para jueces y funcionarios, tal como cuentan Cordoba y Santa Fe; 8) Mediación prejudicial obligatoria. Además, es recomendable la creación de un Tribunal de Arbitraje en el Foro de Abogados, como método alternativo a la justicia estatal para resolver conflictos patrimoniales. Éste instituto, que ha demostrado ser una eficiente herramienta para dirimir controversias en forma pacífica y rápida, ayudaría a descongestionar la sobrecarga de los juzgados. Las reformas no se pueden hacer todas al mismo tiempo, pero si es posible lograrlas con pequeños pasos en una labor de largo aliento.  


Reconstruir la confianza de la justicia requiere de un trabajo intenso del Poder Judicial y de la colaboración activa de todas las instituciones y sectores vinculados al sistema judicial. Una experiencia modelo en tal sentido fue la Mesa de Justicia del Dialogo Argentino que, por iniciativa de la Conferencia Episcopal Argentina, fue convocada en febrero de 2002 por Eduardo Duhalde a poco de asumir como presidente. Participaron representantes de la justicia, funcionarios, asociaciones de magistrados y de abogados, universidades y organizaciones civiles y gremiales, resultando un foro de debate, propuestas y construcción de consensos para mejorar este esencial servicio público.