El acortamiento de los días anunciando la proximidad del invierno parece ser el momento menos propicio para la reinstalación del tema tarifario. No obstante ello, como un segundo capítulo de una película ya vista, hemos asistido la semana pasada a la patética discusión entre oficialismo y oposición y entre aliados dentro del mismo oficialismo sobre el tan temido y postergado ajuste tarifario. Tema aún inconcluso, que a pesar de no debatirse por falta de quórum en el congreso, promete como el año pasado judicializarse, siendo por ende de final incierto.

Como espectadores de lujo y mudos testigos de un ajuste que seguramente tocará nuestros flacos bolsillos, contemplamos atónitos una discusión en la que mostrando su peor cara, nuestros políticos parecen estar una vez más ajenos al problema, sin hacer ningún mea culpa intentan ganar adhesiones y sacar rédito político sobre un tema tan sensible a la economía familiar.

El pueblo argentino, mostrando una madurez y sensatez, por sobre la de su clase dirigencial, entiende que el atraso tarifario debe ser necesariamente resuelto, en un contexto de tiempo y en paralelo a la optimización del uso energético, el gradualismo en este caso es reclamado y no impuesto.

La responsable máxima de una década ganada por la población en términos de ahorros en consumos energéticos, que tuvo como consecuencias indirectas y nefastas el despilfarro, la ruptura de nuestra matriz energética y el incremento exorbitante del déficit fiscal producto de los subsidios a las tarifas, parece ahora tener la solución a un problema que en sus 12 años de gobierno se minimizó y subestimó.

Durante una década nos acostumbramos a pagar poco y consumir mucho por un recurso escaso como es el energético. Las tarifas de servicios públicos utilizadas como herramientas electorales y de contención de la inflación, fueron utilizadas como instrumentos políticos del gobierno. La financiación de las tarifas de la población de la capital y el conurbano por parte de los consumidores del interior se entendió como un mecanismo válido para incrementar el poder y caudal electoral; la tarifa pasó de ser una retribución de un servicio a un mecanismo electoral, nacional y bien popular.

Ante esta pesada herencia, frase que cada vez tiene menos respaldo y comprensión popular, el gobierno del presidente Macri, no caracterizado por funcionarios sensibles socialmente, y propensos a cometer reiterados sincericidios institucionales, sabe que el tema de reajuste tarifario no admite más gradualismos. El déficit fiscal de 35.000 millones de dólares anuales, generado principalmente por gastos a la seguridad social y subsidios energéticos, debe ser cubierto. Un escenario financiero internacional que empieza a mirar con malos ojos el financiamiento de nuestra eterna "joda" nacional parece apremiar los plazos para el ajuste.

La hipocresía máxima de nuestros políticos no reconoce banderías, ni es exclusividad de oficialismo u oposición. "Colgados" de las facturas de la luz nos encontramos con una serie de tributos nacionales, provinciales y municipales, sobre los que ningún político, cualquiera sea su origen hace alusión. ¿O usted, señor lector, escuchó a algún gobernador o intendente renunciar a los incrementos de estas tasas que proporcionalmente al incremento tarifario engrosaran sus ingresos?

El pueblo argentino, mostrando una madurez y sensatez, por sobre la de su clase dirigencial, entiende que el atraso tarifario debe ser necesariamente resuelto, en un contexto de tiempo y en paralelo a la optimización del uso energético.

No se asombre si ese mismo político, en un discurso populista, si es oposición parece comprender su dolor y solidarizarse con su sufrimiento, o si es oficialista minimizando su incidencia sobre el total de la factura, advierta que son justas retribuciones por servicios efectivamente prestados. Sólo en redes sociales y charlas off de record se menciona esta estafa institucionalizada sobre la que nadie quiere hablar. Si consensuamos que el problema existe y debe ser resuelto, entiendo que esta es una buena oportunidad para que aquellos que tienen la obligación de gobernarnos muestren su vocación de servicio y solidaridad y renuncien a estos incrementos de tasas en pro del bien común.

Por el lado del oficialismo, el gobierno debe actuar con la sensibilidad social necesaria, si bien el incremento de tarifas puede ser justificado, entiendo existen otros componentes del déficit fiscal sobre los que debería priorizarse el ajuste, la realización de Obras Públicas improductivas y la disminución de los gastos de representación están en el top ten de la lista.

La disponibilidad de recursos energéticos de nuestro país es inmensa, la existencia de recursos energéticos tradicionales como el petróleo y la energía hidroeléctrica debe ser complementada con uso de energías no tradicionales como la solar, eólica y nuclear entre otras. Gozamos de ventajas comparativas y competitivas para posicionarnos como exportadores de energía, sólo el consenso sobre una política de Estado en términos energéticos, y una clase dirigencial a la altura de nuestros recursos, nos permitirá desarrollar nuestro potencial y evitar los errores del pasado.