La pobreza en la Argentina sigue como una asignatura pendiente, porque siendo una nación riquísima en recursos naturales y humanos, con crecimiento sostenido, ha aumentado notablemente en áreas sociales vulnerables, como la región metropolitana de Buenos Aires.

El informe presentado la semana pasada por Cáritas, el brazo social de la Iglesia, y el Observatorio de la Deuda Social Argentina, advierte que el 34,9% de la población afectada, unas 4,4 millones de personas en esa área metropolitana, vive bajo la línea de la pobreza. El índice relevado duplica la medición oficial del INDEC, para la cual es pobre el 15,2% de los habitantes, un dato mencionado en el informe. La diferencia entre uno y otro se explica porque mientras que el cálculo oficial toma un ingreso de una familia tipo de 1250 pesos por mes para acceder a la canasta básica, la investigación presentada en la Universidad Católica Argentina (UCA) considera que el ingreso familiar debe ser de 2.150 pesos mensuales. La investigación se basa en una muestra de 1722 hogares y se ha dado a conocer tres semanas después de las elecciones.

Más allá de la medición, el informe señala preocupantes indicadores sociales en una región que reúne el 32% de la población del país y produce cerca del 40% del PBI nacional. Algunas de las cifras señalan que es largo el trecho a transitar, especialmente cuando se prevén tiempos de crecimiento más estrechos. El trabajo precario llega al 51% en los mayores de 18 años y trepa al 57% en algunas zonas del oeste del conurbano. Y una de cada cuatro personas siente en carne propia el riesgo del desempleo, con el fantasma de situaciones ya vividas, según interpreta el estudio.

En su primer centenario, Argentina figuraba entre los diez países más ricos del planeta. En las últimas décadas fue descendiendo, hasta llegar al lugar 68 que ocupa ahora. Aceptar lo que indican estos informes, dejar de manipular las estadísticas oficiales y luchar contra la inflación es el único camino para superar esta crítica situación.

La lucha contra la indigencia debe ser una prioridad del Estado, no importa quién gobierne. Los argentinos que sufren estos problemas no pueden esperar. Habrá que aceptar la necesidad de un sinceramiento, en la que queden atrás políticas de clientelismo que sólo logran perpetuar la pobreza y una gestión eficiente de los recursos públicos, que aseguren competitividad económica, buena administración y seguridad jurídica, elementos imprescindibles para generar producción y riqueza.