El 17 de febrero de 2016 el Consejo de Seguridad Interior reunió en Bariloche a las autoridades nacionales y a los ministros del área para considerar la "cultura del corte'', herencia garantista del kirchnerismo para no criminalizar la protesta social en el modelo.

La Nación, con el apoyo del 80% de las provincias, aprobaron el Protocolo Antipiquetes para impedir que la calle siga siendo un lugar diario de problemas. Se convino que el desalojo de la vía pública sería precedido de negociación con los manifestantes y comunicar fechas y lugares.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias iban adecuar el nuevo protocolo a sus características, códigos contravencionales y de procedimiento y el momento para dar intervención a la Justicia. Y para los que hablaban de represión, se ordenó a las fuerzas actuar conforme a los límites que les impone la ley.

Al cabo de un año no hace falta señalar que el piquete se multiplicó como estrategia opositora y el protocolo se hizo impracticable, no obstante la toma casi diaria de la emblemática avenida 9 de Julio, en el centro porteño, cargando las tintas a la potestad de Horacio Rodríguez Larreta.