La crisis venezolana no sólo se agrava en el ámbito doméstico del país sino también en su proyección internacional. La Organización de los Estados Americanos (OEA) se encuentra actualmente realizando la tercera ronda de sesiones para examinar si la situación en Venezuela debe ser remitida a la Corte Penal Internacional (CPI), para proseguir con una investigación por delitos de lesa humanidad.

La tensión regional ya se había agudizado con el anuncio de Nicolás Maduro de que Venezuela iniciaría el proceso de salida de la OEA y luego, cuatro meses después, con la decisión del Mercado Común del Sur (Mercosur) de suspender al estado caribeño del proceso de integración hasta que no fuera "restaurado el orden democrático'' en el mismo. El conflicto ha escalado ahora aún más, ya que de llegar a la conclusión de que existen méritos para acusar al Ejecutivo de comisión de crímenes de lesa humanidad, Venezuela podría convertirse en el primer país latinoamericano en el que sus ciudadanos serían juzgados por este tribunal internacional.

El secretario General de la OEA declaró en su informe del 19 de julio que había evidencias que apuntaban al "uso sistemático, táctico y estratégico de asesinatos, encarcelamientos, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, como herramientas para aterrorizas venezolanos'', y a raíz de esto se consideró iniciar una investigación guiada por un ex fiscal de la CPI para recopilar información y pruebas.

Las sesiones y audiencias públicas comenzaron en septiembre, a cargo del Dr. Luis Moreno Ocampo y actualmente están en su última etapa. Se debate si hubo crímenes que fueran cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y se trata de identificar a personas o grupos que hayan podido ser autores de los mismos. A su vez, se indaga si en Venezuela existieron auténticas investigaciones judiciales sobre los individuos sospechados, ya que la CPI actúa subsidiariamente cuando los estados miembros son incapaces de actuar o se niegan a hacerlo.

La información recolectada luego será revisada por un Panel Independiente de Expertos Internacionales, quienes emitirán una recomendación sobre si el informe final merece ser remitido a la CPI.

El Dr. Moreno Ocampo dice que "esta puede ser la primera vez en la historia de la CPI que un Estado refiera a otro a la Corte, pero para eso tiene que haber un dictamen de expertos que aconseje hacerlo''.

El caso venezolano podría ser la primera posible causa latinoamericana que considerara este tribunal internacional que funciona desde 2002, y que tiene como función principal juzgar a individuos acusados de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.

Ya que la OEA, como organismo regional, no tiene competencia para elevar un caso al tribunal de La Haya; alguno de los estados miembros que a su vez sean parte del Estatuto de Roma debería hacerlo para que el proceso continúe. Esto daría lugar a otro hito histórico, debido a que desde la entrada en vigor de la CPI ningún Estado ha denunciado directamente a otro.

El informe final puede confirmar la existencia de crímenes de lesa humanidad e identificar a sus autores, pero si ningún estado -o grupo de estados- asume el riesgo político de denunciar al Ejecutivo venezolano, el caso no será elevado a la CPI a menos que luego el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dictamine en esa dirección y resuelva aconsejar su tratamiento en el seno del tribunal internacional. Es probable que ningún país latinoamericano asuma ese riesgo, debido a los vínculos económicos que mantienen con Venezuela y que tomarían prioridad a la hora de considerarlos.

Por :  Sofía Cerutti
Lic. en Relaciones Internacionales e investigadora del Consejo de Estudios Interdisciplinarios Económicos y Políticos (CEIEP).