Cada vez que se habla sobre la prioridad que la Argentina le da a la inversión en ciencia se llega a la conclusión de que el 0,53 % del PBI destinado a la investigación y desarrollo (I+D) es exiguo, al estar por debajo de la media de Iberoamérica que es de 0,79%, y muy lejos del 2,34% que en promedio invierten los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Lo preocupante de la situación es que Argentina está por debajo de los niveles de inversión que le otorguen competitividad internacional, y esto la relega a una posición en la que está muy lejos de ser lo que fue en algún momento, cuando tuvo tres premios Nobel en ciencias o lo que necesita actualmente para convertirse en un país desarrollado y socialmente integrado.

Dentro de América latina, donde el promedio en I+D es del 0,68%, Brasil ocupa el primer lugar con una inversión del 1,27%, seguido por nuestro país y en tercer lugar México. Es decir que en la Región, la Argentina se mantiene a la sombra de un verdadero gigante como Brasil en materia tecnológica, lo que marca la diferencia al momento de pretender alcanzar un desarrollo constante.

Desde los estamentos oficiales se considera que el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo en mantener los niveles de inversión y que para mejorar su aporte al crecimiento económico (en coincidencia con lo que dice el coordinador de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencias, Rodolfo Barrere) hay que movilizar a los actores privados, un dato muy importante dentro del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

La falta de inversión privada en la Argentina queda demostrada con el hecho de que el Estado se encarga de financiar el 90% de los proyectos. Ante esto el Gobierno sostiene que el sector privado también tiene que hacer lo suyo y que se debe prestar más atención a observar cómo se aplican los conocimientos logrados.

En el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) advierten que la situación en materia de inversiones científicas debe revertirse de inmediato para evitar consecuencias que pueden resultar negativas para el país. La reducción que se está llevando a cabo en áreas como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que este año tendrá un importante recorte de fondos, cercanos al 50%, afecta a varias provincias, como San Juan, donde el organismo cumple una importante función para el desarrollo de la actividad agrícola, similar al INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial).

En este sentido hay otros organismos o empresas que cumplen con esos objetivos planteados desde el gobierno como la empresa sociedad del estado INVAP, que desarrolla proyectos tecnológicos complejos como reactores de producción de radioisótopos, satélites de observación de la Tierra y de comunicaciones, sistemas de vigilancia radar y centros de medicina nuclear, entre otros. El 100% de sus ingresos provienen de la ejecución de los contratos de provisión de esos sistemas y la empresa vive de lo que vende desde hace más de 4 décadas. Actualmente tiene una facturación anual aproximada de U$S 200 millones.

Este modelo es el que se pretende para la investigación y el desarrollo tecnológico en el país, con la participación de las universidades como principal motor, a través de sus institutos de investigaciones.

Por otra parte se están ensayando una serie de incentivos como la ley de economía del conocimiento que regirá para las empresas inscriptas en el correspondiente Registro Nacional de Beneficiarios. Esta norma, que incluye a la actual promoción de la industria del software, también se hace extensiva a las empresas informáticas, producción de audiovisuales, electrónica y biotecnología. Está previsto que entre en vigencia el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2029, con una serie de beneficios fiscales. Lo cuestionable es que la ley ha sido sancionada a nivel nacional, pero se precisa de la adhesión de las provincias para entrar plenamente en vigencia.

Hay que destacar que en Argentina el sector de tecnología emplea a unas 430.000 personas y exporta por alrededor de 6.000 millones de dólares. Además que el costo fiscal proyectado es de unos 12.000 millones de pesos en el primer año. Una inversión que claramente no es suficiente.