El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, mediante la Resolución N° 330/2026 emitida el pasado 28 de julio de 2026, otorgó a la empresa Vicuña Argentina S.A. el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública. El aval habilita el desarrollo de una vital infraestructura de transporte eléctrico en extra alta tensión proyectada para el noroeste de la provincia.
El EPRE realizó su descargo luego del fallo que benefició a Vicuña: asegura que garantizará la prestación del servicio y que los usuarios no asuman costos
El Ente entregó detalles de los resuleto por Nación.
La concreción de una inversión de semejante envergadura representa un hito positivo para San Juan. Las obras contempladas no solo incrementarán de forma considerable la capacidad de transporte eléctrico en la región, sino que potenciarán el suministro energético del sector productivo y abrirán el camino a futuras iniciativas de generación renovable.
En el plano provincial, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad tomará un rol activo para velar por el cumplimiento del compromiso asumido por la firma privada. El objetivo central pasa por asegurar que la empresa financie la totalidad de la infraestructura requerida por la actividad minera, evitando de manera estricta que estos costos deriven en cargas económicas adicionales o incrementos en las facturas de los hogares, comercios e industrias sanjuaninas.
A través de la nota formal VASA N° 00-6200-ENG-LTR-040 elevada al organismo regulador local, Vicuña Argentina ratificó su adhesión a la legislación vigente a nivel provincial y nacional. En dicho escrito, la compañía garantizó la instrumentación de un acuerdo bajo los términos del Artículo 3° de la Ley Provincial N° 1181-A, mostrando plena disposición para reconocer las inversiones sobre la red preexistente, permitir el uso por parte de terceros de la capacidad incremental excedente y mantener un reporte constante sobre la evolución de los trabajos.
Frente a esta presentación, las autoridades provinciales buscarán acelerar la conformación de mesas de análisis técnico para fijar la coordinación operativa y la mitigación de impactos en el sistema. Asimismo, desde el regulador se ratificó que el organismo conservará la totalidad de sus facultades en materia de seguridad pública, calidad del servicio y resguardo de los usuarios, exigiendo que cada vinculación al sistema provincial respete los marcos normativos vigentes.