Una denuncia penal por presunto contrabando abrió un nuevo frente alrededor de la explotación de los recursos naturales en el Atlántico Sur. La presentación apunta contra directivos, administradores y representantes de empresas pesqueras internacionales que operarían en el área de las Islas Malvinas con licencias otorgadas por autoridades británicas y sin autorización de la Argentina.
Denunciaron por contrabando a pesqueras que operan en Malvinas con licencias británicas
La presentación apunta contra directivos y responsables de compañías internacionales que explotarían recursos pesqueros sin autorización argentina. También pidieron investigar posibles omisiones de funcionarios nacionales.
El planteo fue presentado ante la Justicia en lo Penal Económico por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio. Según el escrito, las actividades denunciadas afectarían el control aduanero argentino, los recursos naturales y los derechos que el país reivindica sobre su Plataforma Continental y su Zona Económica Exclusiva.
Por qué plantean que podría existir contrabando
La hipótesis de los denunciantes es que los buques capturarían recursos marinos en áreas que consideran comprendidas dentro del territorio marítimo argentino y posteriormente realizarían exportaciones, trasbordos o descargas sin pasar por los controles de la Aduana nacional.
El escrito sostiene que los permisos otorgados por las autoridades británicas no tienen validez para la Argentina y serían utilizados, según la denuncia, para evitar la fiscalización nacional y el pago de derechos asociados a la exportación de las capturas.
La presentación invoca distintos artículos del Código Aduanero, entre ellos los vinculados con la obstaculización del control aduanero, la exportación clandestina y la elusión de los controles correspondientes. También plantea como elemento a investigar la utilización de embarcaciones dentro de una operatoria presuntamente organizada para evitar controles de Aduana y Prefectura.
Por el momento se trata de una denuncia y de hipótesis que deberán ser investigadas por la Justicia. No existe una resolución judicial que determine la comisión de esos delitos ni responsabilidades penales de las personas o empresas señaladas.
Qué medidas le pidieron a la Justicia
Los denunciantes solicitaron que la Prefectura Naval Argentina y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) remitan información sobre avistajes e identificación de buques vinculados con las compañías investigadas y de otras flotas detectadas operando bajo licencias británicas.
También pidieron que la Dirección General de Aduanas informe si las firmas efectuaron operaciones de exportación o pagaron aranceles por las capturas realizadas en esa zona y que la Inspección General de Justicia aporte información sobre posibles vínculos comerciales, filiales o activos de esas compañías dentro del territorio continental argentino.
Entre las medidas reclamadas figuran además eventuales citaciones a indagatoria de directivos y, si la Justicia encuentra elementos suficientes, cautelares sobre buques y activos comerciales.
También piden investigar si hubo omisiones del Estado
La presentación no se limita a las compañías privadas. Los abogados solicitaron establecer si existieron eventuales responsabilidades de funcionarios argentinos por una posible “omisión de vigilancia, patrullaje” o por no haber impulsado acciones para perseguir las actividades denunciadas.
Ese punto agrega una dimensión política al expediente y aparece en medio del endurecimiento de la posición del Gobierno nacional sobre las actividades económicas desarrolladas en torno a las Islas Malvinas sin autorización argentina.
La pesca, en el centro de una disputa que volvió a escalar
La denuncia llega apenas días después de que el Gobierno avanzara contra empresas involucradas en la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La administración de Javier Milei también comenzó a evaluar la incorporación de la actividad pesquera dentro de una estrategia más amplia de sanciones vinculadas con la explotación de recursos naturales en el archipiélago.
El sector pesquero argentino venía reclamando justamente que la actividad fuera incluida en esa ofensiva. Empresarios del rubro sostienen que mientras buena parte de la discusión reciente se concentró en el petróleo, el Reino Unido mantiene desde hace décadas un sistema de licencias para la extracción de recursos pesqueros en torno a las islas.
La nueva presentación judicial coloca ahora esa discusión directamente en los tribunales. Será la Justicia la que deberá determinar si las operaciones señaladas pueden ser alcanzadas por el régimen penal aduanero argentino y si existen elementos para avanzar contra las compañías y sus responsables.