Situación. Los empleados de la empresa están muy preocupados por la situación e incluso han realizado protestas en la puerta de la Subsecretaría de Trabajo.


La situación de la autopartista Itec está cada día más complicada al punto que ayer se conoció que, para descomprimir la situación con el personal, el Gobierno provincial le depositó el martes 970.000 pesos del programa Reconocimiento al Empleo Productivo Industrial Provincial (REPIP). Pero el problema fue que, como la empresa tiene las cuentas embargadas por la AFIP, el organismo recaudador se apropió de la suma, lo que originó una presentación ante la Justicia Federal del gremio de los Plásticos, para lograr revertir la situación.


Mientras tanto, el Ejecutivo local dispuso ayer destinar $400 mil, que esperan que sean acreditados el martes directamente en las cuentas de los empleados, para evitar que otra vez la AFIP tome los fondos.


Este adelanto es a cuenta de dos quincenas que les adeudan a los 367 empleados de la firma que, mientras tanto, siguen de licencia hasta fin de mes, aunque con la promesa de percibir el ciento por ciento de los salarios. Y a la espera de que también salga el REPRO, otro plan nacional de ayuda a los empleados.


En medio del conflicto, el miércoles por la tarde hubo una asamblea en la planta fabril de Santa Lucía, con la participación de los gerentes de la empresa y de representantes de la Subsecretaría de Trabajo, el gremio de los plásticos y los empleados, en la que se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 24. El propósito es ganar tiempo para destrabar los fondos.


Rolando Manzanelli, secretario general del sindicato del sector, dijo ayer que a través de los abogados del gremio hicieron un planteo ante la Justicia Federal exponiendo que los fondos embargados por la AFIP corresponden a un subsidio del Gobierno provincial (ver aparte) destinado a sostener los sueldos del personal. Y están a la espera de respuesta a la solicitud.


Como medida preventiva, se conoció ayer que Itec se presentó en concurso de acreedores, una acción para garantizar la continuidad de la firma y asegurar que los recursos que le ingresen puedan ser destinados al personal (ver aparte). Es porque además de mantener una deuda con la AFIP, también tiene una situación comprometida con su cliente Peugeot.


El estado de la firma se ha venido complicando porque nunca logró recomponer del todo su situación desde que fue adquirida por el extitular de la Unión Industrial, Carlos Méndez, en abril de 2015, con un panorama muy comprometido, porque estaba casi en la quiebra. Después siguió trabajando para Peugeot y se sumó la posibilidad de incorporar a la producción a la Fiat. La automotriz firmó una carta intención con Itec para adquirir mazos de cable para un nuevo modelo, pero el acuerdo se empezó a demorar y se terminó cayendo. Fue por eso que la empresa, a principios de mayo, decidió mantener en funciones sólo a una parte del personal. Pero, como si fuera poco la Peugeot también decidió rescindir el contrato porque le resulta más rentable importar los mazos de cable.


Ahora las esperanzas están puestas en que la Nación frene la importación de mazos de cables, un pedido que fue realizado por el propio gobernador Sergio Uñac el miércoles en Buenos Aires al titular de Producción de la Nación, Francisco Cabrera. Esa sería la salida para que la Peugeot retome las compras y el personal pueda mantener sus fuentes laborales.

Dos puntos importantes

Planes de ayuda


El adelanto de fondos del Gobierno provincial corresponde al programa de Reconocimiento al Empleo Productivo Industrial Provincial (REPIP). El objetivo del plan es la asistencia financiera con fondos provinciales a aquellas industrias con dificultades, para mantener el nivel de empleo. Se trata de unos 1.200 pesos por empleado. Pero en ITEC están a la espera del Programa de Recuperación Productiva (Repro), un salvataje nacional a las firmas en crisis, por montos que dependen de cada caso.
 

Concurso de acreedores


Es un procedimiento jurídico que se pone en marcha cuando por ejemplo una empresa, como en este caso, se declara insolvente y no puede hacer frente a sus deudas. Se trata de un instrumento para evitar los efectos negativos derivados de esa insolvencia, ya que protege a los más débiles, como los trabajadores, porque son los primeros en cobrar. En definitiva, es un procedimiento en el que el deudor recurre a la justicia para poner orden en la situación y poder pagar las deudas.