Frente a la posibilidad de que los dueños de estaciones de servicio del país, incluidos los de San Juan, implementen el cobro de un plus de 50 centavos por litro de combustible, bajo el nombre de “servicio de playa” y con el argumento de la baja rentabilidad del negocio, tanto la Defensoría del Pueblo como desde la Secretaría de Industria y Comercio advirtieron a los empresarios del sector que no se quedaran de brazos cruzados. Advirtien incluso que en el caso de ponerla en práctica hasta pueden ser castigados con el cobro de multas, fijadas tanto en la Ley de Defensa del Consumidor como también contempladas además por desobediencia de una decisión judicial. El monto dependerá de la gravedad del incumplimiento y de los días que se demoren en acatar la orden.

El cobro de un adicional sobre la venta de combustibles líquidos, es decir las naftas y el gasoil, volvió a saltar al tapete cuando la titular de la Cámara de Expendedores de San Juan, Analía Salguero, confirmó el lunes que la medida está bajo análisis de la Confederación de Entidades de Hidrocarburos y Afines (Cecha), que nuclea a los empresarios de todo el país. El argumento es la pérdida gradual de la rentabilidad del negocio y la imposibilidad de afrontar el aumento salarial en las paritarias del sector que están próximas a comenzar.

El defensor del Pueblo, Julio César Orihuela, recordó ayer que ya le tocó intervenir frente a un caso similar al que se presenta ahora cuando los empresarios nucleados en la Cámara de Expendedores de Combustibles de la provincia aplicaron el cobro de un plus de 15 centavos, también como “servicio de playa”. Fue entre los meses de junio y julio del 2007 y en aquel momento presentó un recurso de amparo en la Justicia Civil en defensa de los derechos de incidencia colectiva, referidos a los consumidores y usuarios de los combustibles. El planteo fue resuelto favorablemente por el entonces juez del Cuarto Civil, Roberto Pagés Lloveras, quien entre otros argumentos expresó que “el adicional por servicio de playa constituye un sobreprecio aplicado al valor de venta al público, que no incorpora ningún valor al producto comercializado”. El magistrado les ordenó a los estacioneros “reintegrar los importes percibidos” y abstenerse de continuar con el cobro y les advirtió que en el caso de incumplimiento les podría cobrar astreintes. Este último término hace referencia a una condena en dinero por desobedecer la orden del juez. También la secretaria de Industria y Comercio, Sandra Barceló, se lamentó porque no le habían consultado la decisión de cobrar el adicional y les recordó a los empresarios que está vigente la Ley de Defensa al Consumidor, tanto nacional como provincial. La normativa incluye una instancia de mediación y que en el caso de fracasar o de que los expendedores no depongan su actitud están contempladas multas. También en este caso los montos dependerán de la gravedad del incumplimiento y del tiempo que hayan estado cobrando el plus, en el caso de que lo hubieran decidido implementar. En el 2007 los estacioneros, después de dos semanas de haber estado cobrando el adicional, por aquel entonces de 15 centavos por litro, y tras la decisión judicial decidieron suspender la medida. Al igual que en San Juan, que fue la primera provincia en dictaminar sobre el caso, también hubo resoluciones en otras jurisdicciones.

Los argumentos

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Entre los argumentos que citan los empresarios de estaciones de servicio para avanzar con el cobro del plus se encuentran que, según sus informes, el precio de los combustibles aumentó en el último año un 25%, mientras que la inflación en el país superó el 40%. Por eso dicen que cada vez se les hace más difícil mantener los locales abiertos, cuando encima necesitan mucho personal porque funcionan las 24 horas del día.

Como una muestra de la grave crisis del sector sostienen que en el país, desde el 2000 hasta la fecha, han cerrado 3.500 estaciones de servicio y que por eso ahora sólo permanecen abiertos la mitad de los negocios. En San Juan cerraron 10 empresas en los últimos 10 años.

Las voces del sector

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Analía Salguero - Cámara de Expendedores

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“Cobrar un servicio de playa es la única alternativa posible para seguir sosteniendo el negocio. La decisión todavía no está tomada sino que la vamos a analizar en un próximo encuentro de la Cecha el 11 de abril en la provincia de Mendoza”.

JULIO ORIHUELA - Defensor del Pueblo

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“Estoy legitimado para actuar tanto por la Constitución Nacional como por la Provincial y es en defensa de los derechos de incidencia colectiva. Vamos a estar atentos a lo que pase, pero ya tenemos el antecedente del 2007, en el que actuamos con un amparo”.

Sandra Barceló - Secretaria de Industria
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“Siempre debe haber una instancia de diálogo antes de avanzar con medidas de este tipo que pueden afectar a la gente. La Cámara de Expendedores de Combustibles no nos ha comunicado nada, y por eso me parece que primero deberíamos sentarnos a hablar”.