En un momento donde es fundamental el buen funcionamiento del transporte público por la pandemia, el conflicto salarial de la UTA -el gremio que nuclea a los choferes de colectivos- con ATAP, que reúne a los empresarios de media y corta distancia, complicó el servicio en San Juan por la realización de un paro por tiempo indeterminado. Por esta medida, que ayer la Subsecretaría de Trabajo declaró ilegal, la UTA se enfrenta ahora a una multa que podría alcanzar de mínima los $9,3 millones.

Anoche al cierre de esta edición habían fracasado las negociaciones y el paro continúa el fin de semana, lo que causó fuerte malestar en el gobierno con las empresas y con el gremio. El gobernador Uñac dijo que "desde el gobierno se han hecho los máximos esfuerzos para que acuerden, pero no han tenido en cuenta el perjuicio que generan en la población, todos aquellos que no pueden llegar a sus lugares de trabajo". "Voy a ser implacable y aplicaremos todas las sanciones correspondientes establecidas por la Subsecretaría de Trabajo", dijo, tras destacar que el problema es entre el gremio y empresarios, en el que los únicos perjudicados son los usuarios de transporte, ""los sanjuaninos que no merecen ser rehenes de esta situación, es una irresponsabilidad". El Gobernador insistió en que su prioridad es que "los sanjuaninos cuenten con un servicio de transporte público de calidad y trabajamos en consecuencia". Las empresas de transporte locales recibieron en 2020, $2.374 millones, entre subsidios provinciales y nacionales.

En tanto el paro de colectivos provocó ayer numerosos inconvenientes en la población. Sólo en el sector comercial el ausentismo de los empleados trepó al 30%, según informó la Cámara de Comercio de San Juan. Los empleados que acudieron a trabajar lo hicieron pagando altas cifras de remís, o bien recurriendo a las bicicletas, motos y en menor medida, autos particulares. Los comerciantes recibieron pocos clientes y los que prestan servicios sufrieron cancelaciones porque la gente no tuvo cómo movilizarse. La medida fue impulsada por el gremio que lidera Héctor Maldonado, que convocó al paro en reclamo del pago del sueldo correspondiente al mes de enero, que debía haberse cancelado el jueves. Según explicó, las empresas adujeron que no podían pagar hasta tanto reciban la plata del Fondo Compensador, que son los subsidios al boleto que reparte la Nación. Pero Maldonado adoptó una postura dura y dijo que ""hasta que cada chofer no cobre su salario, no volverán los colectivos a la calle". El paro arrancó ayer desde las cero horas, a pesar de que la Subsecretaría de Trabajo había dictado el jueves en la tarde la conciliación obligatoria, citando a una reunión de partes el lunes próximo a las 9,30. La UTA rechazó la conciliación, aduciendo que cuando el reclamo es por salarios, no corresponde sanción. El titular de Trabajo, Jorge Oribe, rechazó ese argumento y ayer dictó una nueva resolución declarando ilegal el paro y anunciando la aplicación de una multa millonaria. La sanción apunta a cobrar mínimo el 30% de un salario mínimo vital y móvil ($20.587,50) por cada afiliado al gremio rebelde. Teniendo en cuenta que la UTA contiene a 1.514 choferes, la multa asciende al menos a $9.350.842.

Conciliación

Ante el anuncio del paro, el jueves la Subsecretaria de Trabajo emite la resolución Nro.33 que fue notificada a las partes, que abre la conciliación obligatoria y cita a reunión el lunes 8 a las 9,30.

Ilegalidad

Ayer viernes, la UTA rechaza la intervención del organismo, no acata la conciliación y concreta el paro. En la mañana la subsecretaría emite la resolución Nro. 34 ratificando su intervención y declarando ilegal el paro.

Multa

Ante la actitud del gremio de los choferes, se ordenó a Policía de Trabajo que fije una multa a UTA, según un porcentaje del 30% al 200% del salario mínimo vital y móvil vigente por cada afiliado. Mínimo son $9,3 millones.

Riesgo en hospitales y en la seguridad

La medida de fuerza adoptada por el sindicato Unión Tranviarios Automotor fue considerada ilegal por el servicio jurídico de la Subsecretaría de Trabajo por haberse realizado en medio de la pandemia fundamentalmente. De acuerdo a los considerandos de la resolución que sacó ese área, se indica que se declara ilegal teniendo en cuenta la actual situación sanitaria generada por el Covid-19, ya que el estado del servicio público de transporte de pasajeros afecta de manera directa y reciente todas las actividades esenciales que se desarrollan en la provincia. Allí se consideran los inconvenientes a servicios sanitarios, hospitalarios, seguridad y en general todos los servicios dirigidos a paliar los efectos de la pandemia que se está atravesando. En el Ministerio de Hacienda no se hizo relevamiento del nivel de ausentismo en la administración pública.