El mecanismo de "Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública", como se identifica a los privados que generan energía solar para autoconsumo, e inyectan el sobrante a la red, sigue generando chispazos en San Juan.

Tres de las empresas más grandes que hay en la provincia de fabricación de sistemas de energía solar domiciliarios, comerciales e industriales reclaman revisar con urgencia la reglamentación que se hizo a la ley de generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes fotovoltaicas. Pablo Gambetta, de INAR; Oscar Sansó, de Energe San Juan, y Cristian Rosas, de Electrónica Centro SRL, aseguran que la reglamentación que se hizo es compleja, difícil para el usuario y con condicionamientos que hacen que la ecuación económica no sea favorable para que crezca. Hace cuatro meses, la Unión Industrial de San Juan hizo planteos similares.

De acuerdo a los últimos datos oficiales, en San Juan hay 62 usuarios de generación distribuida (29 en marcha y 33 trámites en curso) que han instalado paneles solares e inyectan excedentes a la red, un 87,8% de crecimiento respecto a los 33 que había en enero. Esto ubica a San Juan en el lugar 9 del país. En el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) prefieren escalar esa cifra a la población de cada provincia para ver la penetración real (ver infografía), y eso ubica a San Juan en tercer lugar en el ranking nacional.

Los empresarios dicen que ese crecimiento es pobre, debido al "bajísimo apoyo oficial". Las quejas del sector se centran en cuatro puntos de la reglamentación: 1- Insisten en que se permita a los usuarios generadores (denominados Prosumidores) a colocar paneles solares en otro domicilio fiscal anexo y puedan producir por encima de la potencia contratada. 2- Reclaman una tarifa diferencial o VAD exclusiva para la autogeneración e inyección. 3- Piden que se elimine la exigencia de presentar a la distribuidora un informe de autogeneración. 4- piden que el ministerio de Hacienda instrumente incentivos fiscales para quienes apuesten a estas energías renovables.

""Me gustaría que el EPRE discuta otro punto de vista", dijo Rosas. ""Que se abra el debate para modificar la reglamentación provincial", pidió Sansó. ""Tenemos tanta necesidad por la sequía, que se debe incentivar este tipo de energía", reclamó Gambetta.

Sobre estos planteos se le consultó al vicepresidente del EPRE, Roberto Ferrero. En referencia al primer punto, el funcionario reconoció que hay usuarios que están reclamando instalar más generación distribuida que la que tienen contratada. Y que si bien la Ley provincial lo permite, aún no se termina la reglamentación de este punto, por lo que la única manera de lograrlo es presentando un expediente que será analizado en particular donde se tiene que demostrar que el proyecto "es beneficioso para el sistema en su conjunto". Rosas dijo que hay clínicas por ejemplo que no les alcanza el techo para poner paneles solares y quieren hacerlo en otro terreno, con una mayor potencia, y están frenadas. ""Hace muy poco las distribuidoras han dado su punto de vista y estamos analizando cómo vamos a reglamentar porque hay muchas dudas", dijo Ferrero respecto a este punto.

En el EPRE además no proyectan establecer una tarifa diferencial para la generación distribuida. ""La ley establece que la tarifa de la energía que se inyecta es la misma tarifa que de la energía que consume. Es un sistema de facturación neta, en donde se pone un débito por la energía que consume y un crédito por la energía que se inyecta", dijo el funcionario y agregó que es "un poquito más cara" que la tarifa que paga la distribuidora al mercado por la adquisición de esa energía en el mercado mayorista.

Respecto al punto 3, Ferrero explicó que la exigencia de informar a la distribuidora de todo lo que genere un prosumidor (y no sólo lo que inyecta a la red de la distribuidora), es para cumplir un objetivo estadístico. Y que se ha avanzado en una nueva reglamentación donde se ha decidido que la obligación de declarar se mantenga por un tiempo corto, de 1 o 2 años. Por último, a la queja de que Hacienda otorgue beneficios fiscales como se pidió en las mesas del Acuerdo San Juan, Ferrero dijo que la provincia lo hizo: ""Hay una actividad de venta de energía y esa venta no está gravada, están exceptuados de pagar Ingresos Brutos", indicó.