
Que no se enteran de lo que pasa en las mineras y que quieren hacer un seguimiento de la actividad para saber de primera mano si hay algún tipo de incidente que pueda poner en peligro la vida de las personas. Estos son los principales argumentos que tuvo en cuenta el diputado iglesiano Jorge Espejo para promover el proyecto que será aprobado en la sesión de hoy, que establecerá la actuación de un representante de las comunas en los departamentos que tengan yacimientos en explotación. Se llamará procurador municipal y deberá ser un ingeniero en minas o un especialista en ambiente, pero será sólo un veedor de la actividad porque tendrá voz pero no voto para cambiar una situación.

Hasta ahora, la tarea de inspección de la actividad minera está a cargo de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, que conduce Eduardo Machuca, y los municipios no tienen participación en el organismo. Pero con los últimos hechos que se han producido en la mina Veladero, justamente ubicada en Iglesia, el departamento al que pertenece el legislador que promueve el proyecto, creció el interés por contar con un representante que siga de cerca la actividad.

“Creemos que esta iniciativa incluso va a ayudar a recuperar la licencia social de la minería que se ha ido perdiendo”, explicó Espejo. Y dio como ejemplo que con el primer incidente en Veladero, en septiembre del 2015, la población se enteró por un whatsapp y después costó mucho seguir la evolución de lo que estaba pasando.

“Eso se va a solucionar con la actuación de un representante de los municipios”, explicó el legislador bloquista.
El nuevo funcionario se va a llamar procurador municipal y deberá ser un profesional en minería o un especialista en ambiente, cuyas tareas como tal no serán remuneradas por el Ministerio de Minería sino que será un empleado de cada comuna. En principio son 5 los departamentos que van a contar con este representante, Iglesia, Jáchal y Calingasta, donde ya hay explotaciones de minería metalífera, y los otros 2 son Sarmiento y Albardón, donde hay emprendimientos calíferos. Según el texto que será aprobado en la sesión de hoy, su ámbito de actuación “será en los yacimientos situados en la jurisdicción departamental a la que representan”.

Según la legislación vigente, es el Ministerio de Minería, del que depende la Secretaría que conduce Machuca, el encargado de ejercer la supervisión medioambiental e incluso es el responsable del dictado de la declaración de impacto ambiental de cada emprendimiento. Pero los municipios, hasta ahora, no tenían un representante directo en el control de la actividad. Claro que sólo podrá opinar, pero no tendrá la capacidad para intervenir en la toma de decisiones.

En los fundamentos de la iniciativa se cita que los intendentes “están en la incómoda e insostenible posición de no poder actuar para salvaguardar la calidad de vida de los habitantes no obstante, al mismo tiempo, son vistos como responsables de todo suceso en la actividad minera que coloque en riesgo el ambiente y la salud de la comunidad” y que incluso les toca, a veces, salir a dar explicaciones “sobre cuestiones a veces no conocidas”.

La idea del proyecto está motivada en los 3 incidentes ocurridos en Veladero. El primero fue por la rotura de una válvula de la tubería que conducía solución cianurada por el valle de lixiviación, que terminó llegando a los ríos de la zona. El segundo, en septiembre del 2016, fue por un trozo de hielo que golpeó y desacopló una cañería que transportaba solución cianurada, también en el valle de lixiviación. Y el último, en marzo de este año, fue por el desacople de una cañería que transportaba material rico, es decir mineral más solución cianurada, aunque no afectó las fuentes de agua de la zona.

Suspensión


Por decisión del Gobierno provincial y también de la Justicia, la actividad en Veladero está suspendida. Al reanudar las tareas la minera Barrick está obligada a la confección de un plan integral para renovar el emprendimiento, garantizar la seguridad de las operaciones y evitar al máximo la repetición de incidentes. 

Tarifa diferencial para electrodependientes


En la sesión de hoy tomará estado parlamentario un proyecto elaborado por las diputadas Cristina López y Graciela Seva que establece un régimen tarifario especial para los pacientes electrodependientes, que son aquellos que dependen de una máquina o de un sistema que funciona con electricidad para mantenerse con vida.

La propuesta es que se establezca una bonificación mensual del ciento por ciento de la tarifa eléctrica hasta un consumo aproximado de 1.500 kWh y la eximición del pago de los derechos de conexión, para los usuarios que revistan la condición de personas ‘electrodependientes por cuestiones de salud‘.

En los últimos años provincias como Buenos Aires, Chaco y La Pampa han aprobado legislaciones sobre la temática, mientras que en el plano nacional hay un proyecto de similares características que sancionó recientemente el Congreso Nacional (Ley Nº 27.351).